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Cuando se cumplen 25 años del crimen que conmocionó a la sociedad vasca, la Guardia Civil ha emitido un informe que abre una vía para incriminar a cuatro exjefes de ETA en el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. El instituto armado aprecia ... un patrón común en algunas de las acciones más trágicas de la banda que, bajo su tesis, permitirían responsabilizar al comité ejecutivo, 'Zuba'. El documento señala, en concreto, a José Javier Arizkuren, 'Kantauri'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.
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El informe ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lo había solicitado a raíz de una querella presentada en marzo por Dignidad y Justicia para determinar si la iniciativa del secuestro y asesinato del exconcejal del PP en Ermua partió de la entonces cúpula de la banda terrorista. El magistrado Manuel García Castellón también pidió documentos a los otros dos cuerpos policiales implicados en la lucha antiterrorista: la Policía Nacional y la Ertzaintza. Esta última ya lo entregó apuntando al «grado de participación» de las direcciones etarras en la selección de objetivos como el propio Blanco.
Una hipótesis que la Guardia Civil secunda ahora al concluir que «ETA era una organización perfectamente estructurada, donde cada uno de sus componentes tenía una misión y se encontraba sometido a la disciplina y las órdenes que el comité ejecutivo dictaba». En un documento de más de 200 páginas, se señala que los integrantes del comité ejecutivo «disponían de capacidad y medios para poder haber ordenado» tanto el cese del secuestro como la no comisión del asesinato, consumado el 12 de julio de 1997. «Pudo ser evitado por los dirigentes que en ese momento tenían el control y la dirección de la actividad del 'comando Donosti'».
Los autores materiales –Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', e Irantzu Gallastegui– ya fueron condenados a 50 años de prisión por este crimen, así como Ibon Muñoa a otros 33 años en calidad de cómplice. Pero, en opinión de la Guardia Civil, «no pudo ser una acción terrorista cuya materialización decidiesen de forma individual o de 'motu proprio' los integrantes de un comando de acción de ETA, sino que respondió a una acción cualificada con un marcado valor estratégico» para la banda. Añade el informe que «la ideación, planificación y decisión sobre su resolución debió necesariamente ser tomada y ordenada por militantes de ETA que ejercían el mando y el poder necesario para tomar una decisión de ese calado».
Los agentes también repasan el 'modus operandi' seguido por la banda en los asesinatos del popular Gregorio Ordóñez en 1995 y el socialista Fernando Múgica en 1996, así como en el secuestro de José Antonio Ortega Lara, liberado en 1997, días antes del crimen de Blanco. Y en todos estos casos llega a la misma conclusión: detrás de cada orden estaba la cúpula de ETA: «Por la importancia del objetivo elegido y por el impacto y repercusión que su materialización tendría en el ámbito político y social, se pone de manifiesto la necesaria participación en las mismas del comité ejecutivo».
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