Las grietas en el espejo del Quebec al que viaja Urkullu

El mandatario quebequés, federalista y partidario de la unión, recibirá esta semana al lehendakari Iñigo Urkullu, que partió este domingo hacia la vasta provincia canadiense, una ‘isla’ francófona del tamaño de tres veces Francia y poco más de ocho millones de habitantes en un inmenso continente anglófono, en pleno estallido de la crisis catalana. El propio Couillard, tras proclamarse ilegalmente la república, rechazó «interferir» en la crisis y abogó por el «diálogo político y democrático» para resolver «este punto muerto». La visita institucional a Canadá, su quinta salida al extranjero en la presente legislatura, se convierte así en un arma de doble filo para el jefe del Ejecutivo de Vitoria, que viaja a un territorio que el nacionalismo institucional vasco ha utilizado de forma recurrente como espejo y en el que ahora muchos analistas han dado por «muerto» el soberanismo tras el último fracaso electoral. Otros expertos piensan que es precipitado entonar el réquiem y que el independentismo está solo dormido.

Ya en 1995, los burukides Joseba Egibar y Juan María Ollora asistieron como observadores a un referéndum «dramático», en palabras del profesor de la Universidad de Toronto Adrian Shubert, que los secesionistas perdieron por un estrechísimo margen de 55.000 votos. El resultado reflejó una sociedad partida en dos como puede estarlo ahora la catalana: 50,58% a favor del ‘no’ y 49,42% de ‘síes’. Más tarde puso sus ojos en Quebec Juan José Ibarretxe, que se inspiró sin disimulo en la ‘belle province’ para dar forma al plan conocido por su nombre y que no llegó a visitarla porque el entonces primer ministro Lucien Brouchard no quería que se asociara el secesionismo quebequés a la violencia de ETA. Y lo hace ahora Urkullu, que cita a Quebec -y a Escocia- como modelos de referéndum «legal y pactado» y como ejemplo pacífico para encauzar conflictos de encaje territorial en Estados compuestos.

«El lehendakari va con esa idea del referéndum cuando nadie quiere oír ni hablar del referéndum allí. Se ha convertido en un tema tabú. Los quebequeses no quieren repetir algo que les colocó al borde del precipicio como sociedad. Ni los votantes del PQ lo quieren y muchos nacionalistas votan tranquilamente a partidos federalistas», advierte el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Alberto López Basaguren, uno de los principales estudiosos del caso de Quebec, reconocida como «nación» en 2006 en sentido social y cultural. Y añade: «Se ha tomado a Quebec como modelo para resolver conflictos, pero en su momento provocó uno muy grande y colocó a la sociedad al borde de la fractura interna». Precisamente, el mal que, según el lehendakari, se evitaría con una consulta negociada y tasada.

A raíz del plebiscito secesionista del 95, prosigue Basaguren, las relaciones familiares, laborales y de amistad «se deterioraron considerablemente». En la hemeroteca pueden recuperarse imágenes de altercados policiales y de quema de banderas que recuerdan vivamente a estas jornadas convulsas en Cataluña. «Preguntar por la separación de Canadá no es como preguntar por las corridas de toros o la apertura del comercio los domingos. Deja cicatrices», insiste el experto. Según datos de la Asociación de Estudios Canadienses, cerca de 200.000 anglohablantes se marcharon de Quebec entre 1976 y 1995, el período de mayor auge soberanista.

Con la agudización de la crisis catalana, se ha hablado mucho en los medios españoles del éxodo quebecois en los 70, a partir de la Revolución Tranquila que secularizó y modernizó la provincia, entonces principal motor industrial de Canadá. El escritor e intelectual Steven Pinker narraba esta misma semana que su generación se marchó de Quebec y las empresas también se fugaron «en masa». «Hay tensión, malos sentimientos», contaba. Muchos estudiosos vinculan el declive económico de la provincia a los referendos de secesión: entre 1981 y 2003 el PIB quebequés creció un 2,3% de media frente al 3% del resto de Canadá.

Otros creen que ese empobrecimiento relativo obedece más bien al espectacular desarrollo del Oeste canadiense. En todo caso, como explica otro de los académicos expertos en la provincia, el profesor del departamento de Derecho Constitucional de la UPV Francisco José Romero Caro, el avance del bilingüismo en los últimos años ha ayudado a restañar heridas y a mejorar la convivencia. «Suele decirse que el soberanista es un ‘partido de viejos’. Las nuevas generaciones no han conocido el riesgo que suponía vivir en francés, era complicado subir en la escala social y el poder económico estaba en manos de los anglófonos. Eso ya no es así», explica. De hecho, las tensiones lingüísticas han sido en ocasiones la mecha que ha prendido la llama secesionista, como la sentencia del Supremo canadiense que declaró inconstitucional una norma que prohibía rotular los comercios en inglés.

A partir del referéndum del 95, hay otra clave fundamental para entender el interés del PNV en Canadá, la Ley de Claridad -asumida como modelo de solución no solo por los jeltzales, sino también por Podemos Euskadi- redactada por el político liberal Stepháne Dion como respuesta del Gobierno de Jean Chretién al Supremo canadiense, al que había recurrido para intentar poner fin al ‘neverendum’, el riesgo de convocarlo una y otra vez hasta ganarlo. El tribunal respondió que una «mayoría inequívoca» a favor de la independencia a partir de una «pregunta clara» en su formulación daría legitimidad democrática a la iniciativa de secesión.

No obstante, avisa Romero Caro, el nacionalismo ha construido «su propio relato» canadiense que se resume en: ‘Es legítimo reclamar la secesión en cualquier Estado democrático porque si Canadá, uno de los faros de la democracia, es divisible cualquiera podría serlo’. Pero, subraya, ese axioma toma lo que sirve a sus propósitos y olvida otras realidades. «Más que legales y pactadas, fueron consultas legales y toleradas. Se parte de la ignorancia de que Canadá constituye una anomalía democrática porque no existe cláusula de unidad en su Constitución», advierte el profesor. La ley, que entró en vigor en junio de 2000, prosigue, «no es la panacea». En primer lugar, la Cámara baja del Parlamento federal tiene potestad para votar si la pregunta y la mayoría han sido claras. «Todo queda en manos de los políticos». Imaginemos ese escenario en Cataluña. Además, la obligación de negociar no afecta únicamente a cómo se lleva a cabo la secesión, «sino incluso si se hace o no».