González y Zapatero apoyan la petición de indulto que presentará la familia de Griñán

De hecho, su avanzada edad es uno de los principales argumentos que esgrime la familia de Griñán en la petición de indulto dirigida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y adelantada ayer por 'El Confidencial'. La solicitud rubricada por María Teresa Caravaca y Manuel Griñán -esposa e hijo del expresidente andaluz- contará con un anexo de firmas de ex altos cargos y personalidades ajenas a la política y al PSOE que busca enfatizar el carácter transversal y «humanitario» del posible indulto.

González y Zapatero encabezarán el listado de apoyos, junto a varios ministros de sus respectivos gobiernos y a otras figuras relevantes de la sociedad española. Los motivos que aduce la familia y las decenas de personalidades que secundarán la petición se centran en la prevalencia de la justicia «material» sobre la «formal», de acuerdo al artículo 4.3 del Código Penal -para evitar que una aplicación en extremo rigurosa de la ley lleve la aplicación de penas excesivamente severas- y en la «intachable trayectoria vital» y de servicio público del condenado. El documento enfatiza su «lucha por la democracia, la igualdad y el Estado del Bienestar», su «profundo respeto» a las instituciones del Estado, incluidos los tribunales de Justicia, y su «patrimonio limpio».

La solicitud incide, de hecho, en el argumento de que Griñán no se ha lucrado ni incrementado su patrimonio personal a raíz del caso, el mismo que empleó Pedro Sánchez para salir en defensa de Griñán y de Manuel Chaves cuando se conoció el histórico fallo. Alude además a la dilación del proceso penal durante más de una década lo que, abunda la familia, ha contribuido al «permanente deterioro psicológico y moral de ver su nombre expuesto al debate público, afectando con ello a su intimidad, su honor, su imagen», lo que habría desembocado, dicen, en la práctica «reclusión» de Griñán en el entorno familiar.

La petición será registrada inmediatamente después de que se conozca el fallo completo y busca que se suspenda la ejecución de sentencia -es decir, que el expresidente de la Junta no ingrese en prisión- hasta que el Consejo de Ministros no decida sobre el indulto y lo someta a Felipe VI, al que constitucionalmente corresponde refrendar el derecho de gracia a propuesta del Gobierno.