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El polémico pacto alcanzado por el PSOE con EH Bildu para salvar la Ley de Memoria Democrática impulsada por Pedro Sánchez sigue generando una enorme polvareda. Entre otras cesiones, la izquierda abertzale, que ve en este texto un «camino para poner en jaque el ... relato de una Transición ejemplar», ha logrado ampliar de 1978 al 31 de diciembre de 1983 el periodo para investigar vulneraciones de derechos humanos.
Esto, supuestamente, incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982. ¿Y qué piensa González? Hoy, por primera vez, ha hablado del asunto desde la Universidad Menéndez Pelayo de Santander: «Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien».
La ley salvó el lunes por la tarde el penúltimo trámite a la espera de ser finalmente aprobada el 14 de julio. La mayoría de sus socios parlamentarios avalan el texto e incluso ERC deshojó al fin la margarita con una abstención 'in extremis'. La fotografía que revelará la aprobación de esta norma en el Congreso, con el decisivo ‘sí’ de EH Bildu y del PNV, apunta a un absoluto recrudecimiento de las críticas de la derecha, que ha arremetido con enorme dureza contra el presidente recriminándole que pacte con «los herederos de ETA» lo que dicen que es una ley «de memoria selectiva».
Las críticas proceden del PP, de Cs y de Vox, pero también de la vieja guardia socialista –los actuales cargos socialistas guardan silencio, en algunos casos incómodo–. Si Felipe González no ocultó su malestar sobre lo sucedido, quien fue su mano derecha durante muchos años, Alfonso Guerra, no se anduvo con rodeos. «Hay quien piensa que el franquismo no terminó en el 75 ni en el 78 con la Constitución, que acabó en el 83 y quien piensa eso es uno de los que jaleaba a los asesinos en el País Vasco. Es muy difícil de entender».
Otro que también criticó con dureza el acuerdo fue el sucesor de González, el popular José María Aznar. Lo tachó de «disparate» porque, censuró, "es un proyecto hecho y pactado con terroristas». «No puede haber dos lealtades: o se es leal a la Constitución o se es leal a Bildu», advirtió.
Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ironizó sobre las críticas de González al asegurar que «no le suena bien por X razones». Un mensaje muy similar al empleado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
La Comisión Constitucional confirmó este lunes que el proyecto contará con al menos 171 'síes': los de PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País, CC, Compromís, PRC y Teruel Existe. Respecto a los jeltzales, han ratificado en su posición favorable al considerar la ley «un avance» en la búsqueda de «la memoria, la justicia y la reparación». Eso sí, su diputado Mikel Legarda lamentó que «la Transición fue muy generosa con la derecha y ella no lo ha sido tanto». Los nacionalistas aspiran a que esta iniciativa sirva como asidero legal para recuperar el palacete de París que en 1937 albergó la sede del Gobierno vasco presidido por el lehendakari José Antonio Aguirre, todo un símbolo del exilio forzado por la dictadura que los nazis regalaron a Franco cuando tomaron la capital gala en 1940.
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