Los Gobiernos central y vasco delegan en los jueces prohibir el acto de apoyo a Parot

La polémica ha rodeado al acto desde el mismo momento de su convocatoria el pasado mes de julio. La idea es celebrar una «marcha solidaria» de 31 kilómetros, uno por cada año que Parot lleva en prisión, donde cumple 41 años de condena por 39 asesinatos en diferentes atentados.

Ante la controversia generada, los organizadores aclararon que no se trata de un homenaje como tal, sino de una manifestación «para denunciar legislaciones excepcionales como la ley 7/2013, que posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos».

La interpretación que diferentes colectivos de víctimas y policiales hacen del acto es radicalmente distinta. La Fundación Villacisneros, la Asociación de la Guardia Civil Jucil y Vox solicitaron tanto a la Delegación del Gobierno como al Gobierno vasco y a la alcaldesa de Mondragón, María Ubarretxena, que impidan su celebración por suponer «una humillación a las víctimas».

También Covite expresó su malestar, calificando de «vergonzoso» que se puedan organizar actos de este tipo, aunque los diferenciaba de los 'ongi etorri' «que son los que más daño hacen a las víctimas». Y el PP advirtió de que pedirá la dimisión de Itxaso si la marcha se celebra.

El delegado del Gobierno derivó estas solicitudes al fiscal jefe de la Audiencia Nacional al entender que es quien debe «actuar en consecuencia» si aprecia algún posible delito en la convocatoria. De hecho, Itxaso ha recordado de forma insistente que las competencias de seguridad en Euskadi recaen en el Gobierno vasco, no en la Delegación.

Unos argumentos que trasladó ayer en Vitoria a los representantes de Jucil y Jupol, el sindicato más representativo del Cuerpo Nacional de Policía. Un encuentro cargado de simbolismo al ser dos de los colectivos que de forma más vehemente se han posicionado contra el acto por Parot. Ambas organizaciones reconocieron que el delegado del Gobierno «poco más puede hacer». Es decir, que si no hay un pronunciamiento expreso de la Justicia no hay base legal para actuar. Jucil y Jupol reclamaron un cambio en la legislación.

La misma lectura realiza el Gobierno vasco. El vicelehendakari Josu Erkoreka, en declaraciones a EL CORREO, considera que la Audiencia Nacional se ha pronunciado en repetidas ocasiones diciendo que «en principio, esas convocatorias son una manifestación de la libertad de expresión o del derecho a manifestación y que no se pueden prohibir de manera preventiva». Si el tribunal «se pronuncia de forma distinta a como se viene pronunciando durante los últimos años, actuaremos como señale», sostiene.

En cualquier caso, «como se ha dejado constancia en el Parlamento», para el vicelehendakari estos actos «son éticamente reprobables en la medida en que puedan entrañar un menosprecio o humillación a las víctimas o una exaltación de una persona condenada por terrorismo».