El Gobierno vasco recula y tramitará por separado la subida a los funcionarios y de la RGI

Hace solo una semana, el consejero Pedro Azpiazu aseguraba que «un 'plan B' no tiene sentido» y se reafirmaba en la vía elegida por el Gobierno vasco, duramente criticada por EH Bildu, Podemos y el PP al considerar que era un ejercicio de «soberbia» que suponía mantener «secuestrada» la voluntad del Parlamento. Hoy, el titular de Economía y Hacienda anunciará, según han confirmado fuentes del Ejecutivo autónomo, la aprobación de una «comunicación», remitida ya a la Mesa de la Cámara, para «sustituir» el proyecto de ley aprobado la semana pasada por tres iniciativas diferentes de tramitación independiente. De esta manera, el Gobierno, que se arriesgaba a un nuevo varapalo tras la prórroga presupuestaria en plena antesala de las elecciones municipales y forales, podrá negociar con la izquierda abertzale y los morados la subida de la RGI –de entre el 3,5 y el 4,5%– y con los populares vascos la mejora de los conciertos educativos. En principio, la subida salarial a los empleados públicos ponía de acuerdo a toda la oposición.

Según fuentes gubernamentales, los tres proyectos de ley serán igualmente de lectura única, es decir, sin posibilidad de enmendarlos y alargar así su tramitación. La justificación, la «urgencia» de las medidas propuestas y el interés en que los colectivos afectados perciban en sus nóminas las subidas lo antes posible. Fuentes del Ejecutivo de Vitoria subrayan que han decidido dar marcha atrás a sus planes iniciales, con la «absoluta» sintonía de los dos socios, «por responsabilidad» tras la experiencia de la negociación presupuestaria. «Vistos los tacticismos y cálculos de la oposición no podíamos correr el mínimo riesgo», apuntan.

De hecho, el texto aprobado esta mañana por el consejo de gobierno incide en el «serio riesgo» de que la oposición «impidiera» dar luz verde a las medidas previstas para gestionar la prórroga «por motivos ajenos a la propia ley». «El Gobierno vasco no va a correr el más mínimo riesgo de que los 250 millones de euros que se destinarán a medidas que benefician directamente a más de 150.000 familias vascas no puedan ser ejecutados por falta de voluntad política», argumenta el Gobierno vasco.

Así lo ha señalado también Azpiazu, que ha reconocido que la responsabilidad de sacar adelante las medidas es del Gobierno, que ha preferido no «entrar en el juego» de sus oponentes para no perjudicar a los colectivos afectados. «Todo el mundo podrá votar ahora con mayor libertad. ¿No es lo que querían? Pues se lo facilitamos«, ha incidido.