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El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, quiso ayer aclarar la postura del Gobierno vasco respecto al Estatuto y recordó que «es el resultado de un pacto entre las instituciones vascas y el Parlamento español», aprobado por «una mayoría de la ciudadanía vasca».
Entraba así ... Zupiria en la polémica suscitada por las declaraciones de Pedro Sánchez, que dio a entender en el debate sobre el estado de la nación que puede haber competencias en el Estatuto «no transferibles». Según Zupiria, «su viabilidad no puede ser una decisión unilateral, ni de la parte vasca, ni de la parte española». En la línea expresada unos días antes por la consejera Olatz Garamendi, se trata de «negociar los términos», pactar el «cómo» y no el «qué».
El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue un poco más allá y consideró que el Ejecutivo de Sánchez es «renuente a cumplir el Estatuto». Zupiria precisó que esas palabras «no son una queja» sino «la constatación de los compromisos» que tienen las dos partes. «Lo que el lehendakari constató fue su extrañeza ante las palabras de Sánchez», añadió.
«Hay un compromiso pendiente y es una obligación de todos los poderes públicos, tanto los que pertenecen al Estado español o al Gobierno central como los del Gobierno vasco, abordar la negociación para decidir en qué términos se deben producir esas transferencias pendientes», señaló el portavoz del Gobierno vasco. Cuestionado sobre si ha habido algún tipo de comunicación oficial entre los dos Ejecutivos en estos días, Zupiria precisó que no le consta.
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