El Gobierno vasco reconoce como víctimas de ejecución a dos etarras muertos en 1972

Lo sucedido el 2 de septiembre de hace cincuenta años siempre ha estado rodeado de dos versiones totalmente opuestas. La familia ha defendido la tesis de que no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Que una vez que los miembros de la banda fueron localizados, 'Xenki' recibió un tiro en la garganta de un francotirador al asomarse a la ventana y que 'Murgi' intentó negociar su entrega y recibió 20 impactos de bala por la espalda. Un dato que habría sido corroborado por la autopsia. El caso siempre ha estado cargado de un fuerte simbolismo para la izquierda abertzale. Cada año tributa un homenaje a Benito Mujika y Martínez de Murgia en Lekeitio, criticado por los colectivos de víctimas de ETA. La fundación Egiari Zor ha organizado un acto similar para este viernes.

El Ayuntamiento vizcaíno ya solicitó hace siete años al Instituto Gogora que se investigara este caso. Posteriormente, la familia recurrió al Gobierno vasco a través de la ley de abusos policiales y vulneración de derechos humanos aprobada en 2016. La decisión del Ejecutivo autonómico de considerar que tanto 'Xenki' como 'Murgi' fueron víctimas de una ejecución llegó a sus allegados el pasado mes de junio y forma parte del listado remitido al Parlamento vasco.

Aquel documento elaborado por la Comisión de Valoración del Gobierno vasco -órgano compuesto por una quincena de profesionales de diferentes especialidades- contenía 46 nombres a los que se les consideraba víctimas de «vulneraciones de derechos humanos» para su «reconocimiento y reparación». Entre ellos, estaba Mikel Zabalza. En aquel texto ya se recogía que media docena de esos casos habían acabado con la muerte de sus protagonistas. Pero sus nombres no habían trascendido.

La comisión encargada de elaborar estos informes estuvo rodeada de polémica durante años. Sus críticos siempre han considerado que ponía en entredicho las sentencias judiciales y que podía acabar convirtiéndose en un tribunal paralelo. El Gobierno vasco, por su parte, ha defendido su legalidad y ha recalcado que lo único que busca es resarcir moral y económicamente a los afectados por este tipo de violencia.

El debate llegó al Tribunal Constitucional tras los recursos presentados, entre otros, por el PP y Ciudadanos. Las dos formaciones alegaban que la ley de abusos policiales podía invadir competencias reservadas al Poder Judicial.

Pero los magistrados rechazaron esa hipótesis al considerar que las decisiones de la Comisión de Valoración «parten de expedientes administrativos o judiciales». Los jueces también añadían que «el objeto del sistema de reparación diseñado por el legislador vasco» son hechos ocurridos hasta el año 1999, «muchos de los cuales, por haber prescrito, no pueden ya plantearse ante los tribunales de justicia», por lo que considera que no constituye una decisión «parajudicial».