El Gobierno vasco quiere acelerar las transferencias por la sintonía con Sánchez

La cita con Sánchez era un hito para Pradales, que venía insistiendo en la oportunidad del encuentro desde su toma de posesión pero no contaba con que fuera el presidente del Gobierno el que se desplazara a Vitoria, un nuevo guiño al PNV. Sólo Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron esa deferencia con Carlos Garaikoetxea y Patxi López, respectivamente. En esas dos horas de reunión se habló y mucho del autogobierno vasco. Del camino que falta para culminar el Estatuto de Gernika, con 29 transferencias pendientes 45 años después de su entrada en vigor. No alcanzaron nuevos acuerdos en esa materia pero sí constataron que el acuerdo de investidura entre el líder socialista y el PNV contempla terminar las transferencias para finales de 2025.

Toca bajar al papel esa sintonía y para ello va a ser clave la primera reunión -que se celebrará mañana- entre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ubarretxena ha sido muy clara. Pocos días después de asumir el cargo ya anunció que aspira a culminar el Estatuto «con velocidad de crucero». Quiere que «lo antes posible» se reúna la Comisión Bilateral de Transferencias -que, según el acuerdo PNV-PSOE, debería ser convocada cada seis meses -y hablar del cronograma. Poner fechas, vamos. Sánchez se comprometió a terminar las transferencias «en el plazo improrrogable» de dos años, pero varias voces han enfriado esas expectativas al ver las complicaciones legales de algunos traspasos. «Va a ser una de las prioridades de mi departamento y yo también tengo una especial ilusión en esta cuestión porque cumplir íntegramente el Estatuto es muy importante para mí», aseguró Ubarretxena a comienzos de mes.

La nota discordante en ese buen clima es que la semana pasada el Tribunal Supremo suspendió, de forma cautelar, uno de los últimos entendimientos, el relativo a la homologación de títulos universitarios extranjeros. El tribunal acepta así un recurso presentado por diversas organizaciones médicas y paraliza una medida que iba a servir al Gobierno vasco para acelerar la contratación de profesionales sanitarios.

Entre las 29 competencias pendientes, hay algunas que plantean dudas jurídicas. El caso más claro es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Un asunto que, además, suscitará previsiblemente reticencias en otras comunidades, de distintos colores políticos, que podrían sentirse agraviadas. Tampoco tiene fácil encaje la gestión de los tres aeropuertos vascos y los puertos de Bilbao y Pasaia, donde los gobiernos autonómico y central hacen una interpretación diferente sobre la titularidad de estas cinco infraestructuras críticas, catalogadas como «de interés general» en la legislación y, por tanto, atribuidas exclusivamente al Estado. De cualquier modo, en este momento la voluntad política existe y eso es bastante pero no está claro todavía si será suficiente.