El Gobierno vasco pedirá al Estado que investigue las torturas

El informe sobre torturas policiales elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, con el forense Francisco Etxeberria al frente, ha sido analizado este lunes por la mañana en la Cámara vasca después de que su publicación el pasado diciembre generara una importante tormenta política. Según ha explicado hoy el propio Etxeberria, el estudio «no dice nada nuevo» pero recoge testimonios sobre más de cuatro millares de casos pese a que en este periodo solo se han registrado 21 sentencias condenatorias. De todas ellas, 336 se atribuyen a la Ertzaintza. «No somos un tribunal de justicia», ha reconocido el forense, «pero yo cuando alguien me dice que se orinó al primer tortazo o que no sabe si le torturaron porque le pegaron pero no le pusieron electrodos suelo creer que es verdad», ha defendido.

Las conclusiones del informe de torturas generaron una importante crisis en el Gobierno vasco ya que el PSE se desmarcó y criticó su contenido al mismo tiempo que era presentado al considerar que alentaba la «teoría de un conflicto que nunca existió» durante los años de lucha contra el terrorismo. También lo criticaron por el «manto generalizado de sospecha que extiende sobre la Ertzaintza» el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso -que pidió al lehendakari la retirada del estudio- y Erne, sindicato mayoritario en el cuerpo policial.

Tres meses después de todo aquello, Jonan Fernández ha insistido hoy en «asumir» el contenido de un informe encargado para dar «una visión global» sobre la práctica de torturas en Euskadi. Ha encuadrado las críticas de PSE y PP dentro del «juego democrático» y ha negado que el documento legitime la existencia de «bandos enfrentados» y la violencia de ETA. «Nuestra idea es enfrentarnos a cada fenómeno de forma separada», ha defendido tras reclamar el derecho a la verdad de las víctimas. «No debe analizarse desde las trincheras sino desde la defensa de los Derechos Humanos», ha pedido.

Con el informe sobre la mesa, el Gobierno vasco se dispone ahora a dar pasos: reconocer que las víctimas de torturas «no tuvieron la atención necesaria» y reforzar la legislación y los protocolos de la Ertzaintza. Buena parte de ellos son las propias conclusiones que los expertos de la UPV reflejan en el estudio, aunque se añaden tres reclamaciones al Estado para que ponga en marcha una investigación, que haga una «reflexión crítica del pasado» y que aplique los protocolos de prevención que le vienen reclamando los organismos internacionales tras varias sentencias condenatorias. La última llegó del Tribunal de Estrasburgo hace apenas unas semanas por el trato recibido por los etarras Portu y Sarasola durante su detención.

Pese a las críticas de diciembre, los partidos representados en el Parlamento vasco han avalado esta vez el contenido del informe sobre torturas. Contra las anteriores quejas de Alfonso Alonso, la popular Juana Bengoechea ha calificado hoy el estudio como «excelente», aunque ha lamentado que ofrezca un relato «mutilado» de lo ocurrido durante los años del terrorismo. Tampoco se ha opuesto el socialista José Antonio Pastor, aunque ha reclamado «que no se interprete que las torturas fueron generalizadas y que generaron más víctimas que el terrorismo».

Desde Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, hermana de 'Joxi' Zabala asesinado por los GAL, ha criticado el «negacionismo del Estado» y la Justicia tras ensalzar el informe. «Si no aceptamos una verdad científica y no hacemos autocrítica no podremos ponernos de acuerdo en nada». «Cuando se han presentado estudios sobre otras violencias nadie los ha cuestionado», ha añadido desde EH Bildu Julen Arzuaga, para quien el documento de la UPV «establece la verdad por encima de interpretaciones».