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La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, aseguró ayer que el Gobierno vasco no contempla endurecer el acceso a la RGI como reclama el PP. La reforma de la ley que regula esta prestación social comenzará a tramitarse en el Parlamento tras ... el verano y PNV y PSE necesitan un socio para sacarla adelante. El pasado jueves el director general de Lanbide, Borja Belandia, deslizó en una entrevista radiofónica que las propuestas populares, que pasan por elevar los controles y los años de empadronamiento, «encajarían» con sus planes.
El guiño iba más allá de la reforma de la RGI porque el Gabinete Urkullu retoma el mes que viene las negociaciones con la oposición para intentar sacar adelante sus Presupuestos. Los populares reclaman a PNV y PSE una rebaja del IRPF para apoyar las Cuentas pero el Ejecutivo la rechaza, así que debe buscar otros alicientes para convencer a los conservadores. Y pactar la nueva norma que regulará las prestaciones sociales puede ser un buen comienzo ya que es una materia de gran interés para el PP.
Pero no. Pese a las palabras de Belandia, y que portavoces autorizados del Gobierno vasco hayan confirmado que el Ejecutivo está dispuesto a negociar sobre cualquier asunto en el que tenga competencias exclusivas para allanar la aprobación de los Presupuestos, Artolazabal cerró la puerta de la RGI al PP. «No nos planteamos endurecer las condiciones», escribió en las redes sociales.
La consejera Artolazabal recurrió a Twitter después de que este periódico publicara en su edición de ayer que el guiño del máximo responsable de Lanbide al PP ha causado malestar en el seno del PSE. El socio de Gobierno del PNV recordó que su proyecto para mejorar la prestación está muy lejos del que plantean los populares, y tildó de «irresponsable» la posibilidad de mezclar la reforma de la RGI con la negociación de las Cuentas.
Fuentes socialistas han advertido en privado a los nacionalistas que no van a permitir que utilice la gestión de las ayudas sociales como «moneda de cambio» para lograr el apoyo del PP a las Cuentas y compensar su rechazo a la reforma fiscal que los populares han fijado como condición 'sine qua non' para facilitar el proyecto económico del Gabinete Urkullu para el último año de la legislatura. El asunto no es menor porque, pese a que el Ejecutivo insiste en que volver a prorrogar las Cuentas de 2018 no sería una hecatombe ni acarrearía un adelanto electoral, lo cierto es que sí sería un duro revés para los planes de PNV y PSE, que ya fracasaron en su intento por aprobar los Presupuestos de este año al no encontrar el apoyo de ningún grupo de la oposición.
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