La Ley vasca de Transparencia prevé sanciones de hasta 400.000 euros

El Gobierno vasco ha lanzado este martes el que será el cuarto intento por acabar con esta excepcionalidad, ya que en las tres legislaturas de Iñigo Urkullu decayeron otros tantos por falta de apoyos en el Parlamento o porque la iniciativa no llegó a tiempo para completar su tramitación. Previsiblemente esta vez será la definitiva, ya que el Ejecutivo PNV-PSE dispone de mayoría absoluta en la Cámara (39 de 75 escaños) y, a no ser que haya un adelanto electoral, aún faltan tres años para completar el mandato.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno, que ahora será remitido al Parlamento para su debate, es el mismo que quedó sin ratificar en la pasada legislatura. Su objetivo, según ha expuesto en rueda de prensa la consejera Maria Ubarretxena, es que se convierta en «un instrumento más en el nuevo marco jurídico que el Gobierno vasco quiere impulsar para el fortalecimiento de la democracia en Euskadi» y «profundizar en la transparencia a favor de una gestión más eficaz y eficiente de las políticas públicas».

El articulado de la futura norma prevé la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia, bautizada como Gardena. Será «un órgano independiente que velará por garantizar que la Administración cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información». Cualquier ciudadano podrá interponer ante este nuevo ente una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información que solicite o cuando los datos aportados no sean los deseados.

La ley establece obligaciones de publicidad activa y de protección a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Afectará al Gobierno vasco y sus organismos, al Parlamento, a las tres Juntas Generales, a los ayuntamientos, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y al Ararteko, entre otras instituciones. No lo hará, en cambio, a las diputaciones, que tienen sus propios mecanismos en base a sus competencias. El ámbito de aplicación se extenderá incluso a entidades privadas; por ejemplo, las empresas de más de 50 empleados deberán contar con un sistema interno para hacer frente a los casos de corrupción.

De igual forma, la nueva regulación crea un registro de grupos de interés –los llamados 'lobbies'– y contempla un régimen sancionador que varía en sus cuantías en función de si el infractor es un alto cargo público o una entidad privada. Las más graves, como desatender los requerimientos y resoluciones de la Autoridad, serán multados con hasta 12.000 euros o con el cese en el cargo en el primer caso, mientras que en el de las empresas se podrá llegar a los 400.000. Las leves, como omisiones que constituyan descuidos o incumplimientos en la obligación de resolver en plazo una solicitud de acceso a información, serán de entre 200 y 5.000.