El Gobierno vasco despide también a la mujer de uno de los cabecillas del 'caso De Miguel'

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David González

Desde la pasada semana tanto los 14 condenados en el 'caso De Miguel' como las administraciones en las que trabajaban tienen en sus manos los autos de firmeza y de ejecución de la sentencia. Era el trámite que hacía falta para aplicar las penas establecidas. De Miguel, Otxandiano, Sánchez Robles y también Aitor Tellería deberán ingresar en prisión antes del 30 de marzo. Y al resto, que no deberán hacerlo al tener una pena inferior o directamente no tener castigo de reclusión, se les están comenzando a aplicar el resto de consecuencias legales, como inhabilitaciones y multas.

Ya la pasada semana el Gobierno vasco ejecutó los despidos de De Miguel y Otxandiano, que trabajaban para la sociedad pública Hazi y para el Parque Tecnológico de Miñano, respectivamente. También ha hecho lo propio con Sánchez Robles la Diputación Foral de Bizkaia, donde ocupaba un puesto en el ámbito de la juventud. Este martes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, ha informado de un nuevo despido que concernía a Lakua: el de Gaztelu-Urrutia, que trabajaba como interina en el Servicio Vasco de Salud.

Arriola seguirá en su puesto

La Audiencia de Álava, primero, y el Tribunal Supremo, después, condenaron a Gaztelu-Urrutia tanto a las inhabilitaciones de empleo público y sufragio pasivo como a un año y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Al igual que las esposas de De Miguel y Tellería, la de Otxandiano era administradora de Kataia Consulting, la empresa pantalla que utilizaba la trama corrupta para camuflar las comisiones ilegales. Durante el juicio, la entonces acusada admitió haber realizado operaciones económicas y haber cobrado de dicha sociedad mercantil.

A su marido, Otxandiano, uno de los cabecillas de la red corrupta, no sólo se le ha rescindido su contrato en Miñano, núcleo de la trama. Zupiria también ha informado de que ha sido excluido de unas oposiciones a las que se había presentado para obtener otro puesto superior. Sin embargo, el exgerente de ese mismo Parque Tecnológico, Alfonso Arriola, con una condena de cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público en sociedades participadas por capital público, sí mantendrá su puesto de técnico de proyectos europeos en el Departamento de Desarrollo Económico. En cambio, no podrá optar a «desarrollo profesional».