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De un tiempo a esta parte, las instituciones vascas se han acostumbrado a recibir sucesivos varapalos judiciales a sus normas sobre la exigencia del euskera. El Gobierno de Iñigo Urkullu, de hecho, anunció en abril que reuniría a un grupo de juristas para elaborar un « ... manual» que evite este tipo de decisiones. Pero este jueves, con la resolución del Tribunal Constitucional en la mano, el Ejecutivo autonómico ha elevado el tono más que nunca. Para Lakua, la sentencia contra la ley municipal, en vigor desde hace siete años, es «una vulneración del autogobierno vasco y un nuevo desprecio al euskera, a sus habitantes y al consenso social en Euskadi en torno a esta materia».
Quien ha puesto voz al enfado del Gabinete Urkullu fue Olatz Garamendi, titular de Autogobierno y encargada del desarrollo estatutario que, desde su llegada al cargo en 2020, se ha caracterizado por denunciar la «erosión» de las competencias vascas por parte del Estado, tanto del Gobierno y el Congreso como de los tribunales. La consejera, de la rama jeltzale, considera que este fallo «ahonda» en ese proceso e «ignora el camino de diálogo y acuerdo» en materia de normalización lingüística. Pero, además, Garamendi diagnostica que la «intensa judicialización» al respecto está contribuyendo a «una ideologización de la lengua que se saca de su contexto natural (la natural comunicación entre personas que la tienen como propia) y se lleva a una suerte de contractivismo».
La sentencia del TC, que Lakua lamenta haber conocido por «una nota informativa», ha sentado como un jarro de agua fría en toda la comunidad euskaltzale. También se ha pronunciado Euskalgintzaren Kontseilua, la asociación que reúne a los principales agentes que trabajan en favor de la lengua vasca, que censura «un duro golpe a la normalización» lingüística. Su secretaria general, Idurre Eskisabel, ha lamentado «la larga retahíla de ataques judiciales» y ha llamado a participar en la manifestación que la plataforma ha organizado para el próximo 4 de noviembre en Bilbao, precisamente para protestar contra este tipo de sentencias.
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