El Gobierno vasco «no concibe» que la oposición vete las subidas a los funcionarios y de la RGI

La puesta en marcha de este proyecto, que será remitido al Parlamento en breve, surge de la prórroga presupuestaria a la que se vio obligado el Gobierno al no poder recabar a finales del año pasado los apoyos necesarios para poder sacar adelante las Cuentas para 2019. Esa situación de debilidad se mantiene, pero el Ejecutivo es optimista. Para sacar adelante la iniciativa planteada hoy, necesita al menos la abstención de uno de los grupos.

El gran obstáculo para la oposición es la fórmula que ha elegido el Gobierno para aprobar el proyecto. Será remitido al Parlamento vasco para que sea aprobado en lectura única, sin posibilidad de introducir enmiendas y sin que los puntos puedan ser votados por separado, tal y como ayer mismo solicitaron EH Bildu y Podemos. De hecho, la coalición soberanista ya ha pedido un informe jurídico para analizar si ese mecanismo es legal.

Las negativas de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP no son al conjunto de la propuesta, sino a alguno de sus epígrafes. Las dos formaciones de izquierda no tendrían mayor problema en avalar los incrementos de la renta de garantía y de los sueldos de los trabajadores públicos, pero ya han expresado sus recelos a que los colegios concertados reciban más ayudas del Gobierno. Todo lo contrario que el PP, que ha puesto como línea roja para su apoyo el que la RGI no suba más que la nómina de los funcionarios.

¿Por qué el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha optado por esta opción y no por fragmentar las iniciativas en diferentes proyectos, lo cuál hubiera facilitado su aprobación? Para intentar explicarlo han comparecido en rueda de prensa los consejeros Josu Erkoreka y Pedro Azpiazu. Lo que ha hecho el responsable de Hacienda, básicamente, es poner encima de la mesa dos argumentos para recalcar que, en cierta medida, los grupos de la oposición están obligados a permitir que el proyecto salga adelante. Por un lado, las propias bondades de la iniciativa. «Son de naturaleza positiva, coherentes y consistentes», ha afirmado Azpiazu, quien ha sido rotundo a la hora de especular sobre un posible rechazo de la oposición. «No contemplo esa posibilidad», ha dicho. De hecho, ha recalcado que su departamento no estudia una plan B

El consejero también ha reconocido que no ha habido una negociación como tal con los partidos en los que debe buscar apoyos. «Les hemos oído». Y ha enfatizado que la vía utilizada, de manera urgente y agrupada, es la más indicada para poder sacar cuanto antes las medidas incluidas en el proyecto.

Pero Azpiazu ha echado mano de otro argumento. Ha sostenido que muchas de las medidas incluidas en el proyecto presentado hoy han sido avaladas por Bildu, Podemos y el PP en el Congreso de los Diputados. «¿Por qué los ciudadanos vascos no van a poder resultar también beneficiados?», se ha preguntado Azpiazu en un intento de situar la pelota en el tejado de la oposición.

La propuesta llegará en breve al Parlamento. Es probable que se debata en el pleno del 7 de febrero, el primero desde finales de diciembre, ya que enero es inhábil en la Cámara. Si la propuesta se ratifica, la RGI mínima será de 667,05 euros al mes (8.004,60 al año), mientras que las dedicadas a los pensionistas quedarán en 765,34 euros mensuales (9.184,08 anuales)