El Gobierno vasco acusa a exdirigentes del PNV de malversar, pero evita pedir penas de cárcel

Así lo manifestó este miércoles el letrado del Ejecutivo autonómico, Javier Otaola, durante su exposición final en el juicio que se sigue contra 26 personas, entre ellas varios de los principales exdirigentes del partido jeltzale en Álava. La Administración vasca mantuvo su postura de no pedir responsabilidades penales a los acusados e incluso exculpó al exviceconsejero Gurutz Larrañaga, del que dijo que sólo se le podría acusar de «desidia» por no haber revisado los contratos. Los abogados del Ejecutivo autónomo también materializaron este miércoles su decisión de no pedir pena alguna para las parejas de De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, los presuntos cabecillas de toda la trama. Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia constan como administradoras de las empresas bajo sospecha.

En su informe final, el letrado del Gobierno vasco consideró a Xabier Sánchez Robles, el que fuera director de Juventud en el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, como el principal responsable de la malversación. Bajo la lupa judicial está la adjudicación de contratos realizados, al parecer, de forma irregular y por unos servicios que, en algunos casos, ni siquiera se llegaron a materializar. En este contexto, el Ejecutivo considera colaboradores necesarios a los responsables de Kataia, Errexal y Ortzi Muga, las empresas que se vieron beneficiadas. Esto es, el propio Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano, Josu Montes e Iñaki San Juan. Para todos ellos, que en aquella época eran destacados cargos del PNV, solicita una multa de 146.230 euros (casi 80.000 euros menos de lo que pedía al inicio de la causa) para paliar los perjuicios causados a las arcas públicas.

«Nos desagrada tener que decirlo, pero las pruebas son evidentes», manifestó Otaola, que sin embargo insistió en que su postura se limita a exigir responsabilidades en la parte civil del proceso. Sólo para Sánchez Robles, la Fiscalía pide 8 años de cárcel. El abogado del Gobierno vasco comenzó su intervención diciendo que era un día «triste» para él porque es la primera vez que tiene que acusar a un exdirector del Gobierno vasco de llevar a cabo una práctica ilegal. El letrado censuró la «deslealtad» mostrada por Sánchez Robles al dejarse influir por sus «vínculos de amistad».

Las empresas relacionadas con De Miguel, apuntó, actuaron «como un cártel», ya que compartían información e incluso contabilidad para beneficiarse de contratos por los que supuestamente debían competir. «Es como si el BBVA llevase la contabilidad de Banesto», expuso. El letrado del Ejecutivo autónomo dedicó unos minutos a intentar desmontar los alegatos exculpatorios de Sánchez Robles. Por ejemplo, habló de unas carátulas mostradas durante el juicio para tratar de evidenciar la existencia de los trabajos supuestamente ficticios, que fueron aportados, dijo, por un funcionario «enmascarado» que no ha declarado. Pruebas que, según apuntó, han resultado más de «cargo» que exculpatorias.

Por su parte, la Diputación de Bizkaia rebajó la petición de penas para los delitos fiscales cometidos por la familia Arruti. Lo hizo por haber devuelto lo defraudado, más los intereses: unos 178.000 euros. Y por confesar los delitos que cometieron. Por ejemplo, que Josu Arruti (hijo) recibió comisiones con De Miguel por parte de una constructora implicada en el proyecto para construir un megapolígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana. De esta forma, solicitó tres meses y un año de prisión para los dos afiliados jeltzales (padre e hijo).