El Gobierno vasco abre la puerta a reformar la RGI con el PP y allanar su apoyo al Presupuesto

Como el curso político no ha arrancado aún de forma oficial -lo hará la semana que viene con el primer Consejo de Gobierno-, los líderes políticos vascos mantienen un perfil bajo. Así que la oferta del Gobierno llegó ayer a través del director general de Lanbide. En declaraciones a la Cadena Ser, Borja Belandia deslizó que aunque el PP aún no ha puesto sobre la mesa sus exigencias concretas para reformar la RGI, las propuestas que han ido lanzando los portavoces conservadores durante los últimos meses -endurecer los controles y elevar los años de empadronamiento requeridos para acceder a la prestación- serían bien recibidas. «Las peticiones podrían encajarnos», dijo Belandia. Portavoces del Ejecutivo confirmaron horas después a este periódico que la mano está tendida.

Puede decirse que el interés por encontrarse es mutuo en este asunto. El Gobierno vasco suspira por sacar adelante uno de sus proyectos 'estrella' de la legislatura y el PP por influir en un tema que puede granjearle rédito electoral. De hecho, la reforma de la RGI llevaba un año bloqueada por la falta de consenso de PNV y PSE con la oposición hasta que los populares facilitaron el pasado junio su tramitación en el Parlamento. La nueva ley empezará a negociarse en septiembre, y aunque no tiene garantizada su aprobación -a la Cámara le queda un año como mucho antes de disolverse-, el simple hecho de que los conservadores permitan el debate fue un gesto de calado hacia Urkullu y su equipo.

El guiño del PP con la RGI llegó apenas unos días antes de que el Gobierno abriera los contactos con la oposición para hablar de los Presupuestos. Era finales de junio, y ahí irrumpió con fuerza la reforma fiscal. Los populares reclaman desde entonces una bajada del IRPF para reducir la presión fiscal a las clases medias. Y en sintonía con las promesas de la nueva presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también pondrán sobre la mesa la eliminación del Impuesto de Patrimonio y reducir el de Sucesiones. Son una condición 'sine qua non', sobre todo el IRPF, para facilitar los Presupuestos. Ayer insistió en ello la secretaria general de la formación en Euskadi, Amaya Fernández. «Si quieren nuestro apoyo tendrán que bajar impuestos», resumió en rueda de prensa. Fuentes populares confirman también en privado esta hoja de ruta. El ofrecimiento para pactar la RGI es «bienvenido», pero la reforma fiscal es «irrenunciable».

A las puertas de que la negociación presupuestaria se reactive el mes que viene, el Gobierno vasco sigue en sus trece con el 'no' a la reforma fiscal. Aunque en 2017 promovió la bajada del Impuesto de Sociedades para pactar las Cuentas con el PP, ahora insiste en que 'tocar' los gravámenes es competencia de las Juntas Generales. Lakua solo accedería a sugerir rebajas a partir del año que viene, pero los populares quieren gestos inmediatos.

Ante la amenaza de bloqueo en las conversaciones con el PP -el Gabinete Urkullu no tiene demasiada confianza en que Bildu y Podemos puedan facilitar las Cuentas-, el Ejecutivo busca ofertas alternativas a la reforma fiscal para intentar satisfacer a los populares. Se puede hablar de todo en lo que el Gabinete Urkullu tenga «competencia exclusiva», confirman portavoces autorizados. Por ejemplo, la reforma de la RGI. Los populares toman nota, pero insisten en que endurecer los requisitos para acceder a la prestación no es suficiente para apoyar los Presupuestos, así que los guiños del Ejecutivo se repetirán a lo largo de los próximos meses.