El Gobierno ve «legítima» la propuesta de Urkullu sobre el modelo de Estado pero dice que no es la suya

«No es nuestra propuesta, pero valoro muy en positivo las que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo, entre diferentes dentro del marco constitucional», ha resumido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El martes, en su intervención en el donostiarra palacio de Miramar con la que el Ejecutivo vasco acostumbra a reiniciar la actividad tras las vacaciones, Urkullu interpretó el proceso de investidura de Sánchez y su dependencia del conjunto de las fuerzas soberanistas con presencia en el Congreso como «una oportunidad» para profundizar, sin ruptura del marco constitucional, en una reorganización del mapa territorial que apuntale la singularidad del autogobierno vasco y apuntale la bilateralidad con el Estado.

La revisión sobre el modelo territorial ha constituido una demanda nuclear del PNV a Pedro Sánchez no solo a raíz de las elecciones generales del pasado 23-J, sino desde que los nacionalistas vascos brindaron su apoyo al líder del PSOE en la investidura de 2019. En ese momento, los socialistas se comprometieron a «impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales». Una parte del acuerdo que los peneuvistas creen incumplido.

Andoni Ortuzar, el presidente del PNV, ya insistió tras el 23-J en que había llegado el momento de abrir ese melón e iniciar un proceso para revisar el estatus territorial del País Vasco, reivindicación extensible a Cataluña. «Todo lo que suponga aportaciones al debate es constructivo», evaluó hoy Bolaños, para quien «todo el mundo es consciente que nos tenemos que entender entre diferentes». Pero el ministro, en línea con los socialistas con los que Urkullu cogobierna en Euskadi, ha incidido en que «la convención constitucional» de Urkullu no es el proyecto del PSOE, que sigue teniendo las bases de su modelo en la Declaración de Granada que resultó muy trabajosa de alumbrar para el partido. En cualquier caso, la reforma constitucional precisaría el consenso entre el PSOE y el PP que hoy resulta poco menos que inviable.

No obstante, el Ejecutivo trata de ser cauto respecto a las exigencias que los partidos nacionalistas e independentistas están poniendo encima de la mesa de cara a una posible investidura de Sánchez. Bolaños también se ha referido a la otra demanda que, en este caso, han puesto como condición desde Junts, el partido del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont -fugado de la Justicia desde 2017-. El dirigente del PSOE, al ser preguntado por una posible ley de amnistía, se ha limitado a decir que la política que ha llevado a cabo el Ejecutivo en Cataluña los últimos años se basa en el diálogo entre diferentes, busca la convivencia y se lleva a cabo «dentro» de la Constitución. «Esa es y será siempre nuestra política», ha subrayado.

Algo más allá ha ido esta mañana Margarita Robles, quien a la hora de explicar de qué forma el Ejecutivo pretende poner «el contador a cero» con el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de encausados por el 1-0 -como defendió ayer Jaume Asens (Sumar)- ha reivindicado que la «Constitución permite realizar modificaciones acordes a la realidad social».

Es cierto que el PSOE sigue sin hablar de forma expresa de amnistía, pero día a día sigue dando pasos para allanar el camino a posible fórmula que satisfaga a Junts y ERC en este sentido. Según Robles, «las normas tienen que tener siempre una concreción» y los tribunales valoran «actuaciones individualizadas». «No podemos olvidar nunca que el derecho penal da respuesta a actuaciones individualizadas cometidas por personas concretas en lugares y en momentos distintos», ha concretado durante una entrevista en la COPE este jueves.

Robles ha insistido en la importancia del «marco» de la Carta Magna y ha señalado que al final será el Tribunal Constitucional quien, llegado el momento y si se efectúa algún cambio, «tenga que ver un texto concreto, con una articulación concreta, y no con unas grandes declaraciones de principio».

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, también ha aludido esta mañana a las negociaciones con las fuerzas independentistas de cara a una investidura de Sánchez. La también ministra de Economía ha defendido que las negociaciones que el PSOE está teniendo con el resto de formaciones políticas tienen que producirse «en el marco de la Constitución» y en el «diálogo» con los partidos que representan «la diversidad de nuestro país».

«Creo que no tenemos que volver atrás y tenemos que seguir mejorando la convivencia en Cataluña y que en los próximos años nos permitan (...) que Cataluña vuelva a ser el motor económico que nunca debió dejar de ser en nuestro país», ha zanjado.

La titular de Defensa en funciones también se ha pronunciado sobre el encuentro de ayer entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Robles se ha mostrado «sorprendida» por la oferta que el expresidente gallego trasladó al actual presidente del Gobierno -una legislatura de dos años y hasta seis pactos de Estado-. «Lo que viene a demostrar es que lo único que quiere es ser presidente del Gobierno», ha apuntado.

Aún así Robles le ha insistido a Feijóo en que si tiene «esa voluntad de Estado» que dice, lo «mejor que puede hacer es apoyar al PSOE en las cuestiones de Estado».