El Gobierno remite un segundo requerimiento a Mañueco, que responde con una carta a Sánchez

Si el aviso remitido el domingo amagaba con llevar al Gobierno de Castilla y León a los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo, el acordado ayer por el Consejo de Ministros amenaza con plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Se trata, en todo caso, de un paso inusual y con más carga política que jurídica.

En su nuevo requerimiento, el Ejecutivo advierte al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de que carece de competencias para emprender acciones que «menoscaben» la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo o el real decreto ley que la desarrolla y da un plazo de un mes a la administración autonómica para contestar antes de llevar el asunto ante el TC.

Por su parte, y en una carta enviada a Pedro Sánchez, el presidente castellanoleonés reprocha al Gobierno que haya decidido «combatir con inusitada dureza una cuestión irreal» mientras pasa por alto actuaciones de la Generalitat de Cataluña en materia de educación. «Con todo respeto, el Gobierno que ha provocado el mayor retroceso en defensa de las mujeres con una ley equivocada y aún no corregida -añade incluso en alusión a las rebajas de condenas a agresores sexuales provocadas por la ley del 'solo sí es sí '- carece de autoridad para dar lecciones en esta materia».