El Gobierno propone al PP renovar en bloque todos los órganos constitucionales

El ministro de la Presidencia tiene previsto celebrar esta semana una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios. Será una primera toma de contacto de Félix Bolaños con las fuerzas políticas aliadas y adversarias, y dentro de esas conversaciones la que mantendrá con el PP es capital. Pedro Sánchez quiere alcanzar un acuerdo con el principal partido de la oposición para superar «la anomalía» que supone la interinidad en casi todas las instituciones.

Están pendientes de renovación desde hace más de dos años y medio los veinte vocales del Consejo del Poder Judicial. Desde diciembre de 2019, cuatro magistrados del Constitucional tienen su mandato caducado, y a partir de este viernes los doce consejeros de Tribunal de Cuentas habrán finalizado el suyo.

La fórmula de la negociación en bloque permite un juego de equilibrios más amplio porque se pueden compensar las concesiones en un órgano con nombramientos en otro. Pero el sistema de negociación puede ser irrelevante si no existe voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Y ese es el problema.

El PP insistió este lunes en que «desconfía» de los socialistas porque considera que solo pretende «controlar» a los jueces en todas las instancias. Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso, reiteró el aviso de Pablo Casado en el sentido de que solo van a negociar las renovaciones si «hay garantías de independencia» para la judicatura con un nuevo sistema de elección de los vocales que dé mayor protagonismo a los jueces.

Un condicionante que es retórico porque cuando el PP o el PSOE han contado con la mayoría parlamentaria la han trasladado a los órganos constitucionales. Las negociaciones son siempre pulsos de poder en las que el mayoritario impone su ley y el minoritario intenta hacer valer su cuota. Así ha sido desde la restauración de la democracia. El PP, con un panorama judicial afín heredado de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy tras las elecciones de 2011, niega que bloquee nada, pero es evidente que se resiste y cuenta con una herramienta poderosa, la minoría de bloqueo. Los integrantes del Poder Judicial, el Constitucional y el Tribunal de Cuentas son elegidos con mayorías de tres quintos del Congreso y del Senado, un listón inalcanzable sin los votos del PP.

Los populares están encastillados en que para garantizar la independencia hay que cambiar la ley para que la carrera judicial designe doce de los veinte vocales del Consejo. Un argumento que para el Gobierno es una excusa de mal pagador porque el PP pudo hacer esa reforma legal en la anterior renovación, en 2013 tenía mayoría absoluta en ambas Cámaras, y no lo hizo. Acometer ahora esa modificación implicaría mantener el Consejo con su composición actual hasta el final de la legislatura.

Los socialistas subrayan que la reforma para la elección de los vocales es una cortina de humo, como antes lo fueron los nombres de algunos candidatos propuestos por su partido o que la exministra de Justicia Dolores Delgado sea la fiscal general o las críticas a la Corona por parte de Podemos. El Gobierno, sin embargo, tiene esperanzas en que la negociación global de las instituciones constitucionales permita deshacer el nudo gordiano del Poder Judicial, del que penden los bloqueos en el Constitucional y en el Tribunal de Cuentas.

En el PSOE algunos lo ponen en duda porque al PP «le va bien» mantener las cosas como están. Sustentan su escepticismo en los recientes reveses del Constitucional al Ejecutivo, el último el del estado de alarma, o las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del 'procés' que han enrarecido el clima para el diálogo las fuerzas soberanistas de Cataluña.

Pedro Sánchez soporta además la presión del socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos ha sacado del cajón la propuesta de rebajar el respaldo parlamentario para que los vocales del Poder Judicial sean elegidos por mayoría absoluta. Una idea que Sánchez defendió en un primer momento pero plegó velas ante los avisos de organismos europeos. Por si acaso, Pablo Casado avisó este lunes de que si opta por ese camino lo volverá a denunciar en Europa y alertó de que si el Gobierno se empeña en tener un Poder Judicial «dependiente» pondría en riesgo la recepción de los fondos europeos que corresponden a España.