El Gobierno propone en su ley ocultar hasta medio siglo los grandes secretos de Estado

El Gobierno se ha decantado, finalmente, por situarse en la franja más restrictiva de la UE y de los socios de la OTAN fijando un marco temporal para la desclasificación de los asuntos más sensibles –particularmente los que afectan a la defensa y seguridad nacional– equiparable a los de los países occidentales más reticentes a levantar el velo como Francia y Alemania. El Estado galo se mueve también en un límite de 50 años para cuestiones que vulneren la defensa propia, aunque puede llegar a 100 para circunstancias que conciernen a personas concretas; en el caso alemán, la confidencialidad va hasta los 60. España se colocará, no obstante, muy por encima de los 20 años de máximo con que el Gobierno puede blindar la información delicada en el Reino Unido, los 15 que determina la ley en Italia o los 25 de reserva de los secretos oficiales en Estados Unidos.

La nueva normativa, que se va a denominar oficialmente 'Ley de Información Clasificada', sustituirá a la franquista normativa sobre secretos oficiales de 1968 y que faculta al Ejecutivo a mantener eternamente bajo secreto cualquier materia que considere. Según han revelado en las últimas horas altos responsables de Moncloa, el texto que llega hoy al Consejo de Ministros no va a distar mucho del borrador que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya elaboró el pasado octubre, solo cuatro meses después de recibir la encomienda de centralizar los trabajos para la reforma que hasta entonces estaban dispersos entre Defensa, Interior, Exteriores y Justicia.

El anteproyecto establece que la desclasificación irá de los cuatro a los 50 años dependiendo de la sensibilidad de la materia que se haga pública y «pudiendo prorrogarse esos plazos en algunos casos». Habrá cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los niveles se fijarán en función de la gravedad del daño que para los intereses de España pudiese provocar la difusión de los datos en cuestión (extraordinariamente grave; grave; perjudicial; o simplemente desfavorable para el país).

En la actualidad, España solo regula dos categorías de materias –secretas y reservadas–, por lo que las autoridades vienen intercambiando información sensible con sus socios de la OTAN desde 1982 y con los de la UE desde 1985 sin amparo legal, usando simplemente los sellos de «confidencial» o «difusión limitada».

Los plazos del anteproyecto están muy por encima de las propuestas iniciales del PSOE. Los socialistas, estando en la oposición, enmendaron la proposición del PNV, la formación que con mayor insistencia desde hace casi un lustro ha presionado para acabar con la legislación franquista. Entonces, situaron un techo máximo para el secreto de 25 años, prorrogables a otros 10 más. Ahora, el texto de Bolaños es incluso más restrictivo que el primer borrador del PP, que en su momento abogó por blindar las materias más sensibles 25 años y solo en cuestiones excepcionales ampliarlos a 50.

Responsables gubernamentales han explicado en las últimas horas que, en realidad, el Ejecutivo no contaba con mucho margen de maniobra con los periodos de desclasificación porque esta es una materia que fijan los técnicos de la OTAN. En cualquier caso, Moncloa incide en que el anteproyecto «homologará nuestra legislación sobre secretos oficiales con otros países democráticos de nuestro entorno».

El anteproyecto, según las fuentes del Ejecutivo, ha sido al final del agrado de la titular de Defensa, Margarita Robles, y de los altos cargos de su departamento. Aunque Defensa, como el resto de ministerios, fue apartada de esta reforma tras la llegada de Bolaños al Ministerio de la Presidencia en julio de 2021, ha sido la que más ha seguido participando y presionando para elevar los plazos temporales de la confidencialidad.

Otra de las grandes novedades que incorporará la propuesta que comenzará su andadura parlamentaria este otoño será la creación de la figura de la «autoridad nacional para la protección de la información clasificada», que recaerá, también, en el ministro de la Presidencia. El Gobierno ha decidido residenciar esta decisión en la cartera de Bolaños porque se trata de un departamento de «coordinación» y «transversal». De hecho, es probable que en muchas ocasiones las materias a desvelar afecten a ministerios tan dispares como Industria, Economía, Interior, Defensa o Exteriores. La vigente ley de 1968 dejaba la desclasificación en aquel departamento que la declaraba secreta.

Será por tanto el equipo de Bolaños el que analice las peticiones de desclasificación y el que decida sobre el levantamiento total o parcial del secreto, ya que un mismo documento puede contener diferentes pasajes con distinto grado de confidencialidad. También queda encomendada a Presidencia la «relación con las autoridades internacionales en la materia» cuando la desclasificación afecte a informaciones compartidas con los aliados de España.