El Gobierno presiona con ajustes en las autonomías si no se aprueba la senda presupuestaria en el Congreso

En concreto, según Montero, las autonomías dispondrán de 3.000 millones de euros anuales en los dos próximos años si se aprueba la nueva senda, que les permite tener un déficit del 0,1% del PIB el año que viene, mientras que las entidades locales dispondrían de más de 4.500 millones en esos dos años.

Pero la presión de Montero se ha dirigido exclusivamente al Partido Popular criticando que votara en contra de unos objetivos de déficit que habían sido aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la abstención de las comunidades gobernada por los populares. Si el PP se hubiera abstenido en julio, la senda habría salido aprobada. Sin embargo, Montero no ha dicho nada de Junts, que también votó en contra.

«No se entiende que el PP rechace esta senda de estabilidad que beneficia a las autonomías donde gobierna», insistió Montero, que recalcó que con la nueva senda ni comunidades ni ayuntamientos tendrían que hacer esfuerzos de reducción del déficit en los próximos tres años porque todo el esfuerzo de ajuste lo haría el Estado. No hay que olvidar que lso Presupuestos de 2025 ya funcionarán con las reglas de ajuste presupuestario impuestas por la Comisión Europea, que obligan a avanzar en la reducción del déficit público y de la deuda pública.

La vicepresidenta primera ha asegurado que ya sea con la senda nueva o con la antigua, el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, para lo que hoy el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar un techo de gasto de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos europeos que espera recibir el año que viene (sin fondos europeos, el techo de gasto del Estado se queda en 195.353 millones, un 3% más que el anterior presupuesto).

Lo que no está claro es cuándo llevarían los Presupuestos al Congreso porque el Gobierno quiere hacerlo con cierta «masa crítica» a favor y no tiene ahora mismo garantizados los apoyos de otros grupos. «Lo haremos lo antes posible», dijo la vicepresidenta Montero, «vamos a dialogar con todos los grupos. Ahora estamos en el debate interno de Gobierno con las fuerzas que componen la coalición».

Un debate entre el PSOE y Sumar donde las posiciones en materia fiscal están alejadas. Hasta ahora, la Comisión Europea no ha incluido a España en el procedimiento de déficit excesivo, pero para el próximo desembolso de fondos europeos una de las exigencias es que España haga una reforma fiscal. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero eludió comprometerse y señaló que se el Gobierno ha ido adoptando medidas fiscales acompasadas al crecimiento económico, como el impuesto a la banca o a las eléctricas o el tipo mínimo en Sociedades.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz apuntó por dónde van a ir las exigencias tributarias de Sumar. Una de las principales es que la sanidad privada y la educación privada paguen IVA. «¿Por qué la educación o sanidad privada tributa cero en impuestos? Vamos a hacer una propuesta en este sentido, anunció Díaz.