El Gobierno pone en pie de guerra al PP tras su ardid para intentar aprobar los Presupuestos

El PP se movió ayer entre la estupefacción por no haber visto venir la estratagema y la indignación. «Esto es de manifestación», alertaron fuentes populares después de analizar los instrumentos a su alcance para cortar el paso al Ejecutivo. De momento, ayer registraron dos escritos. Con el primero pretenden que la Comisión de Justicia, que hoy analizará las propuestas de los grupos, rechace la enmienda del PSOE. Un movimiento, en principio, abocado al fracaso, dado que en ese órgano los populares no gozan de mayoría suficiente para hacer valer su criterio. De ahí que en el segundo texto pidan directamente el amparo de la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen fuerza numérica.

Esta vez, ambas formaciones -rivales por el electorado al que aspiran conquistar y coincidentes en estrategia- van a compartir viaje. Los liberales también se dirigieron ayer a la Comisión de Justicia con el mismo argumento que el PP. En resumen, que ningún grupo puede presentar una enmienda que nada tenga que ver con el proyecto enmendado. Eso es, al menos, recuerdan, lo que establece la jurisprudencia existente sobre este asunto. «Es un fraude de ley, un escándalo y un atropello», reprochó Albert Rivera.

Mientras, en los pasillos del Congreso, el PP prometió una ofensiva política que podría culminar en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Fuentes populares, pertrechadas con hasta siete sentencias, creen que hay doctrina suficiente como para dar ese paso. De hecho, una de las resoluciones, la 119/2011, resultó determinante para que el Senado alterara su funcionamiento y para que desde el año 2012 la Cámara alta haya rechazado decenas de enmiendas por no tener conexión ninguna con el texto original que se pretende modificar. «Y eso -argumentan en la formación conservadora- debería valer también para Congreso».

En el PP reconocen, en cambio, que cualquier recurso ante el Constitucional entraña sus riesgos. En primer lugar, no serviría para suspender de manera cautelar la reforma exprés que busca el PSOE. Pero, además, es probable que los magistrados lleguen a pronunciarse cuando la ley de estabilidad esté ya modificada, la senda déficit haya superado el trámite de las Cortes y los Presupuestos estén incluso aplicándose. Porque el Gobierno está decidido a sacar adelante las cuentas.

No hubo en el Ejecutivo ningún síntoma de arrepentimiento. «Es perfectamente legal; es una técnica parlamentaria que se ha utilizado en reiteradas ocasiones», alegó Pedro Sánchez en los pasillos del Congreso tras recibir los reproches de Pablo Casado en la sesión de control.

Durante su etapa en la oposición, el PSOE fue enormemente crítico con ese tipo de prácticas. Ahora aducen que en su caso está justificada porque persigue evitar que «las derechas» utilicen su mayoría en la Mesa «en contra de la mayoría de la Cámara». De hecho, si los socialistas han buscado este atajo es porque PP y Ciudadanos impidieron, con su mayoría en la Mesa, que la propuesta de reforma de la ley de estabilidad que presentaron por la vía convencional se tramitara por el procedimiento de urgencia. Sin esa reforma, no podrán evitar que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, bloquee unos objetivos con los que el Gobierno busca aumentar el margen de gasto del conjunto de la Administración en unos 5.000 millones de euros. Y si no hay más gasto, Podemos, Esquerra o Compromís no apoyarán sus cuentas.

Nada permite afirmar, sin embargo, que el Gobierno se haya garantizado con su treta la aprobación de los Presupuestos. Por un lado, culminar esta operación sorpresa puede llevar más tiempo del deseable para La Moncloa. El Ministerio de Hacienda asegura que su plan sigue siendo aprobar las Cuentas a finales de noviembre y llevarlas a la Cámara en enero, pero tanto en el Gobierno como en el PSOE admiten que quizá no sea posible y que no es descartable que haya que ir a enero del año siguiente, lo que implicaría una prórroga (aunque sea breve) de las cuentas de Mariano Rajoy y todo un fracaso político.

Además, el Ejecutivo se enfrenta a otros escollos. Sin ir más lejos, el portavoz de Esquerra, Joan Tardà, advirtió ayer de que si no se dan instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que retire la acusación de rebelión contra los imputados por el proceso secesionista será «casi, casi imposible» contar con su voto.