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No existe una estrategia para acabar de forma generalizada con la dispersión y cada movimiento de presos de ETA se estudia de manera individualizada y ... siguiendo criterios estrictamente legales. Ese es el mensaje que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, trasladó ayer a la Asociación Víctimas del Terrorismo, con la que se reunió en Madrid.
El encuentro se produce en un contexto especialmente delicado. La política penitenciaria se ha convertido en uno de los ejes de la negociación presupuestaria y han sido ya varios los gestos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia EH Bildu, con la vista puesta en sus cinco escaños. No comparten en el Ministerio del Interior el temor a un trueque presos por Presupuestos. Un discurso que enmarcan más en el juego político y que, en principio, no se correspondería con la realidad, pese a que los movimientos sean cada vez más numerosos. Desde la AVT se emplazó, en este sentido, al Gobierno a «neutralizar la estrategia» de EH Bildu de «vender» cada movimiento penitenciario como «una victoria».
En el Ejecutivo mantienen que el escenario actual, tras la disolución de ETA, es otro. Insisten, ahora bien, así lo dejó claro ayer Ortiz, en que su posición sigue siendo la de analizar cada caso «de forma individual». Rechazan que haya sobre la mesa un plan general de acercamientos y remarcan que «todo obedece a criterios legales», afirmó el responsable de Instituciones Penitenciarias, que estuvo acompañado en la reunión por la directora de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior, Montserrat Torija. De los 202 reclusos de la banda terrorista que existen a día de hoy, serían la mitad los que estarían avanzando en aras de asumir la legalidad penitenciaria. La mayoría habrían sido objeto de algún traslado o progresados de grado en los últimos dos años. Poco más de una veintena se negaría a dar este paso, mientras el resto de los internos de la banda se mantendría a la espera del devenir de los acontecimientos.
Preguntado por la posibilidad de que se creen núcleos de presos de ETA en las cárceles cercanas a Euskadi en las que se están concentrando gran parte de los traslados -Logroño, Asturias, Zaragoza y Soria-, Ángel Luis Ortiz aseguró que no le consta que se estén produciendo este tipo de situaciones. El 61% de los reclusos de la banda se encuentran de Madrid hacia el sur, reveló.
La AVT, cuya delegación estuvo compuesta por su presidenta, Maite Araluce, el consejero Miguel Folguera y la abogada Carmen Ladrón de Guevara, volvió a exigir a Instituciones Penitenciarias que se «articulen los mecanismos necesarios» para exigir a los presos la condición de la colaboración con la justicia, «un requisito legal para la progresión de grado». «Son varios los casos recientes, como Ibon Etxazarreta -en el primer juicio de 'Anboto' en España- y Carmen Guisasola -recientemente de nuevo en el banquillo-, de exmienbros de ETA supuestamente arrepentidos que cuando declaran ante un juez no contestan o hacen gala de una amnesia selectiva», censuraron.
El propio fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga recordaba el pasado viernes a Guisasola -acogida a la 'vía Nanclares'- que «el verdadero arrepentimiento» se muestra en sede judicial , «y no en la televisión». Es aquel que se hace de «forma voluntaria», mostrando una «colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos sin contraprestaciones, sin tapujos ni dobleces ni medias tintas», apostilló.
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