El Gobierno negocia contra reloj con Junts para evitar una ruptura que ponga en jaque la legislatura

El órgano rector del Cámara baja, en el que PSOE y Sumar tienen mayoría, se reúne mañana a las 11:30 horas para decir si admite o no a trámite la iniciativa de los posconvergentes, después de haberse dado un mes de teórica reflexión. Un mes en el que los socialistas no han logrado avances concluyentes en las conversaciones con Junts, que los acusa de incumplir sus acuerdos, y aún reclama la delegación integral de las competencias sobre inmigración a la Generalitat o una compensación económica para la administración catalana por la baja ejecución presupuestaria.

Sánchez sí ha tenido en este tiempo algunos gestos. El pasado 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, el Consejo de Ministros cumplió finalmente el compromiso de desclasificar documentos relativos a los atentados yihadistas de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017. Los independentistas siempre han dado pábulo a la teoría del excomisario José Manuel Villarejo de que el CNI pudo estar detrás de ese crimen para dar un «susto» a la Generalitat de Puigdemont. Ahora exigen ver más documentos secretos del Estado al respecto.

El presidente del Gobierno también aseguró ayer ante los embajadores de España que el reconocimiento de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas seguirá siendo una de sus «principales prioridades políticas» en 2025. Pero en Moncloa esgrimen que Junts debe ser consciente de que hay cuestiones que no están enteramente en su mano. Esa es una. Otra, la aplicación de la ley de amnistía al 'expresident', pendiente de varios recursos al Tribunal Constitucional.

En su última intervención pública, en la que advirtió de que el crédito del Gobierno está «en números rojos» y exigió ya la cuestión de confianza, Puigdemont se quejó, no obstante, de que el propio Sánchez le tratara «como el Supremo, como un delincuente». En su balance de fin de año, el presidente aseguró que no tendría ningún problema en reunirse con él y hace apenas seis días la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, insistió en el mensaje. «Me da igual cuándo y dónde, lo importante es normalizar esta situación», llegó a decir.

Pero independientemente de que en las próximas horas se llegue a algún compromiso sobre alguno de esos asuntos, Junts no se apea, según las fuentes consultadas, de su exigencia de someter a debate de la Cámara la necesidad de que Sánchez plantee una cuestión de confianza. El Gobierno ya dejó claro la víspera que no está por la labor con el argumento de que someterse a esa prueba o no es, según la Constitución, una prerrogativa exclusiva del presidente y que para medir su apoyo o quitárselo los grupos parlamentarios tienen otra fórmula, la moción de censura, que en España exige presentar un candidato alternativo. Una fórmula que lo socialistas saben que Junts descarta porque le vincularía a PP y Vox.

En el aire está la opción de que la Mesa opte por dar una nueva patada al balón y proponga a los de Puigdemont que reformulen la iniciativa. Es lo que sugiere Sumar, que según apuntan en Junts, intenta una labor de mediación. Los de Yolanda Díaz, molestos porque el PSOE anunciara el martes que rechazaría la propuesta sin hablarlo con ellos, aseguraron hoy que ellos son partidarios de una opción que contravenga el reglamento del Congreso, por un lado, y que no favorezca a PP y Vox, por otro. Pero algunos de sus componentes, como Compromís, creen que habría que dar luz verde al texto. Y Pisarello, dirigente de En Comú y miembro de la Mesa, acusó al Gobierno de «no haber negociado como tocara» para evitar el órdago de Junts.

Fuentes socialistas no descartan que pedir una reformulación a la formación secesionista acabe siendo una salida, pero aseguran que no es el 'plan A'. En el informe solicitado a los servicios jurídicos del Congreso, y en el que se dejaba al criterio del órgano de gobierno la decisión sobre la admisión o inadmisión de la iniciativa, se apuntaba a precedentes en los que se ha recurrido a esa vía para no limitarse a dar un portazo al grupo proponente; portazo que en este caso podría tener graves consecuencias.

Puigdemont ha convocado el viernes a la dirección de su partido en Bruselas y ya advirtió de que la legislatura podría entrar «en colapso» si su iniciativa, una poderosísima arma de presión política pese a carecer de carácter vinculante, se frenaba sin ser siquiera debatida. En el Gobierno aseguran que pase lo que pase, seguirán dialogando. «Es nuestra seña de identidad –alegó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños–, buscar puntos de equilibrio con fuerzas políticas distintas a las nuestras».

El ministro de Transformación Digital, y líder de los socialistas de Madrid, Óscar López, también argumentó que el Gobierno ya se ha enfrentado a situaciones que parecían imposibles y ha salido airoso. «El Gobierno de España es uno de los Gobiernos más estables de toda Europa», presumió. «¿Que tiene una situación en el Parlamento que tiene que negociar todos los días? Sí, pero es que lo viene haciendo», dijo.