El ala socialista del Gobierno lo intenta, pero no logra sofocar el incendio a cuenta de la aprobación o no del anteproyecto estrella de Yolanda Díaz para reducir ya este año a 37,5 horas semanales la jornada laboral. La vicepresidenta segunda está decidida ... a dar la batalla hasta el final y, a modo de advertencia, ha convocado para mañana a las 9:30 horas a todos los ministros de Sumar para hablar de la situación y acordar los pasos a seguir.
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De nada sirvió que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, insistiera por la mañana en TVE en lo que, desde hace semanas, sostiene el PSOE: que la reducción de la jornada laboral, parte del acuerdo de Gobierno con Sumar, es una prioridad para el conjunto del Ejecutivo; que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que Díaz llegó a tildar hace unos días de «mala persona», es un «excelente profesional» y una «excelente persona», y que todos comparten una «causa común» que es «seguir trabajando por el progreso de este país».
Sumar cuestiona la verdadera voluntad de sus socios. Alega que sus palabas no se compadecen con sus actos. El ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, llegó a afirmar este jueves que Cuerpo ha sucumbido a la presión de los empresarios, en concreto, de la patronal catalana, Foment del Treball, y lo acusó de estar «intentando torpedear» la medida.
El socio minoritario del Ejecutivo sostiene que si no se lleva ya por la vía de urgencia al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que la ministra de Trabajo pactó en diciembre exclusivamente con los sindicatos será imposible que entre en vigor en 2025.
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Los socialistas replican que antes de dar ese paso es preciso recabar el criterio de los departamentos económicos de todo el Gobierno y elaborar un texto que pueda contar con el respaldo no solo de los aliados de la izquierda sino también de Junts y el PNV sin los que difícilmente podrá prosperar. Con evidente malestar hacia la vicepresidenta segunda, alegan además que ellos no están «en el relato» sino en «hacerlo bien» y en construir un «equilibrio político» para que la norma supere los trámites parlamentarios y vea la luz.
El argumento del necesario consenso político no convence aun así a la fuerza minoritaria de la coalición, que ha decidido asir este asunto como su principal bandera y, en un intento de sacar cabeza y superar su evidente declive político, buscar el cuerpo a cuerpo con el PSOE, como acostumbraba a hacer Podemos, hoy su gran rival. Los de Díaz aducen que la búsqueda de apoyos no explica que Economía no quiera llevar ya el asunto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, paso previo al Consejo de Ministros, porque la negociación con el resto de partidos puede hacerse más adelante, dentro de unos meses, ya en el Congreso, como ha ocurrido con otros proyectos gubernamentales.
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Urtasun denunció, en una entrevista en Rac 1, que lo que se está produciendo aquí es un «chantaje» de la patronal, en concreto, de los representantes de los empresarios catalanes, que condicionan a Junts y por extensión al PSOE. Censuró así unas declaraciones del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el pasado diciembre, cuando advirtió a los partidos de «la que se les vendrá encima si votan una reforma legislativa de estas características» que impone un aumento de los costes laborales, dijo, de 12.000 millones de euros.
La ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, entró al trapo de sus socios para recriminarles que laven los paños sucios del Gobierno en público. «No entiendo las palabras gruesas, es más fácil la transmisión interna, el llamar por teléfono e intentar aclarar las cosas», dijo. Pero además defendió la importancia de «trabajar buscando consensos» también con los empresarios.
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A pesar de que en octubre Yolanda Díaz puso sobre la mesa ayudas directas de hasta 6.000 euros a las pymes como medida para compensar la reducción de la jornada laboral, el borrador del anteproyecto que finalmente se pactó con los sindicatos no las contempla. Sáiz argumentó que «el Gobierno siempre acompaña a las empresas» y remarcó que «no solo trabaja por avanzar en protección social, sino que mira al tejido productivo». «Es -advirtió- un win-win».
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