El Gobierno impide aterrizar a un avión de Argelia para llevarse a Ghali tras quedar libre

Su marcha de España parece inminente. Tanto, que según desveló 'El Confidencial', un avión 'Gulfstream 2000' despegó ayer de la base de Boufarik, cerca de Argel, rumbo al aeropuerto de Agoncillo, a 14 kilómetros de Logroño. Sin embargo, cuando se encontraba a la altura de Ibiza, dio la vuelta y regresó a Argelia. La ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguró tras el Consejo de Ministros que desconocía lo que había pasado, pero sí manifestó que «lo que le pedimos es que colabore con la Justicia y con todos los poderes del Estado». «Esperamos que se recupere. Y, cuando lo haga, entendemos que se marchará a su país de origen», apostilló.

Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, interrogó durante dos horas por videoconferencia a Ghali, de 71 años, sobre los hechos contenidos en las querellas de un colectivo saharaui y del activista Fadel Breica. Unos escritos que denuncian delitos de torturas y detenciones ilegales, entre otros, por parte del oficial y otros altos cargos del Polisario acaecidos presuntamente en los campamentos de refugiados de Tinduf.

Tras escuchar a Ghali desde su habitación, con evidentes síntomas de debilidad, el juez rechazó de plano decretar prisión provisional contra el investigado o retirarle el pasaporte para evitar su «fuga», tal y como reclamaron los querellantes. Solo acordó que notificase un domicilio y un teléfono en España a fin de estar localizado para cualquier diligencias mientras resuelve la petición de archivo por parte de su defensa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también secundó la posición del magistrado.

En dos autos, Pedraz explica que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno» porque Ghali ha mostrado voluntad para ponerse en manos del juzgado. Primero cuando tuvo conocimiento de los procedimientos penales y luego tras acceder a testificar pese a su precario estado de salud. El juez recuerda que no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados (años ochenta del siglo pasado), y que por ahora no se ha solicitado diligencias de prueba alguna y «menos aún» que el querellado pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas.

A la vista de estos autos, la próxima decisión de Pedraz será valorar el sobreseimiento de las causas. No obstante, en caso de decretarse cabría aún recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Pero hasta que esto suceda, Ghali prevé seguir en territorio nacional y zanjar de una vez un asunto judicial que ha sido usado por Marruecos para justificar la ofensiva migratoria en Ceuta. Un episodio del que subyace la larga lucha por la territorialidad del Sáhara Occidental, con España como potencia administradora desde 1965, según la ONU, y Rabat envalentonada desde que el anterior Gobierno estadounidense apoyó su soberanía sobre esta zona no autónoma.

Sobre los hechos investigados, Ghali negó ayer cualquier implicación en las violaciones de derechos humanos que le atribuyen cuando era ministro de Defensa y achacó a «fines políticos» las querellas «para tratar una vez más de minar la credibilidad del pueblo saharaui». «Lo han utilizado como un trofeo o como una presa política», denunció su abogado Manuel Ollé. Desde el Polisario aseguran que detrás de esta ofensiva judicial está el servicio de inteligencia marroquí.