El Gobierno hace un guiño a los líderes del 'procés' y no les acusa de rebelión

Los servicios jurídicos del Estado atendieron las señales que han hecho llegar los últimos días distintos miembros del Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza, y descartaron incluir en su escrito de acusación la rebelión. La Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia y no es un organismo autónomo, como sí lo es la Fiscalía, y sigue los criterios del Ejecutivo, que en este caso se había decantado por no acusar de rebelión, penada con entre 15 y 25 años.

La sedición tiene un rango inferior y se aplica a quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes». El Código Penal detalla que la rebelión exige el empleo de la violencia. Este agravante es el caballo de batalla en el debate de los juristas, divididos entre si el grado de violencia registrado en el asedio a la Consejería de Economía del 20 y 21 de septiembre de 2017 y en el referéndum ilegal del 1 de octubre se ajusta la acusación más grave.

El Tribunal Supremo, en su auto de apertura de juicio oral del pasado 25 de octubre, atribuye el delito de rebelión a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. También se lo imputa, aunque no serán juzgados por encontrarse huidos, a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira.

La Abogacía, según las fuentes consultadas, acusará a estos 12 procesados de sedición. Los servicios jurídicos del Estado se personaron en la causa del 'procés' en febrero pasado a petición del Ministerio de Hacienda por el delito de malversación. Pero a lo largo del proceso compartieron posiciones con la Fiscalía, hasta que el pasado 6 de agosto respaldaron la decisión del instructor Pablo Llarena de solicitar la apertura de juicio oral por rebelión, sedición y malversación. Desde ese día hasta este momento se ha caído de su carga acusatoria el delito de rebeldía. Una rebaja que ha coincidido con los guiños del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las fuerzas soberanistas.

Pero los independentistas no solo reclaman rebajas en la petición de penas sino que exigen que vayan acompañadas de la libertad provisional de los procesados. Con esta postura de la Abogacía, sin hablar siquiera de la Fiscalía que mantendrá el listón alto de la acusación, los independentistas se habrán llenado de razones para ratificar su negativa a respaldar las Cuentas públicas y dejarán a Sánchez al borde del precipicio de la legislatura.

La Fiscalía ratificará hoy su petición de penas de prisión por rebelión, con la calificación más elevada para Junqueras, como han apuntado fuentes jurídicas en los últimos días. De esta forma es de prever que el escenario político-judicial entre el Gobierno central y la Generalitat entrará en una fase de extrema tensión. Como publicó este periódico a finales del mes de septiembre, la fiscal general del Estado, María José Segarra, presionó en un par de ocasiones a los fiscales del Tribunal Supremo para que aceptaran retirar de su acusación el delito de rebelión. Pero se encontró con una negativa rotunda por parte de los representantes del Ministerio Público lo que obligó a Segarra a dejarles las manos libres para evitar una nueva polémica.