Un Gobierno de gestos

No. Sánchez no estuvo fino el miércoles en la gestión de la crisis Màxim Huerta. Algunos lectores me censuraron ayer la, a su juicio, excesiva dureza de mi análisis, que titulé 'Tarde y mal'.

Acepto y agradezco tales críticas, pero sigo pensando que con el nivel de exigencia ética que el propio presidente estableció para sí y su ejecutivo, el problema de los chanchullos fiscales del ya exministro de Cultura debió quedar zanjado con su cese fulminante tan pronto se conocieron. Intentar primero salvar su cabeza y forzarle a dimitir sólo nueve horas después, movido por las presiones del PSOE y de la opinión publicada, como hizo Sánchez, es un error político y un mal precedente. Por más que el asunto no se pudriera como probablemente hubiera ocurrido con Rajoy.

Pero la vida sigue. El Gobierno socialista, que ya se apuntó un buen tanto ante Europa y los sectores más progresistas de la sociedad española al hacerse cargo del 'Aquarius' y los 629 inmigrantes a bordo, vergonzosamente abandonados a su suerte por Italia y Malta y que llegarán el domingo a Valencia, ha dado nuevos pasos en la dirección esperable.

Desde el anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de eliminar tan pronto sea posible las concertinas (alambres equipados con cuchillas cortantes) que el PP colocó en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. A su decisión de pedir el expediente del expolicía y torturador franquista Antonio González-Pacheco, 'Billy El Niño', para ver las opciones de revocarle la medalla con derecho a pensión que le concedió Martín Villa en los albores de la Transición. A lo que se negó el exministro del PP Juan Antonio Zoido.

Pero, sobre todo, a dos nombramientos muy significativos. El de Ángel Luis Ortiz González, hasta ahora director general de la asesoría jurídica del Ayuntamiento madrileño de Manuela Carmena, como responsable de Instituciones Penitenciarias. Y el del veterano socialista alavés Jesús Loza, excomisionado para la convivencia y la memoria del Gobierno vasco de Patxi López, como nuevo delegado del Gobierno español en el País Vasco. Sustituirá en el puesto al dirigente del PP Javier De Andrés, también alavés.

Estos movimientos y el último acuerdo en el Parlamento de Vitoria parecen abrir el camino a un próximo y progresivo cambio en la política de dispersión de los presos de ETA. Si va a ser así, como desea la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos y parece razonable, lo previsible es que sea el presidente Sánchez quien se lo desvele al lehendakari Urkullu, si no lo ha hecho ya.

Así como si habrá traspaso de la competencia de Prisiones a Euskadi -Cataluña es la única comunidad que la tiene y desde hace años- ahora que la organización terrorista ETA ha dejado de existir de manera oficial.