El Gobierno factura a la Generalitat los análisis para retirar el lodo de la DANA

Pero ese discurso oficial no encaja siempre con los hechos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant, ha remitido a la administración autonómica una «propuesta de investigación» respecto a la composición de los lodos que deben retirarse de las localidades afectadas por la riada. Una investigación necesaria para poder trasladarlos a una ubicación, dentro de los cauces de dominio público hidráulico, donde no puedan tener un impacto ambiental negativo. El CSIC detalla en su informe, que no viene firmado, los análisis y comprobaciones a efectuar, pero acaba señalando que el coste de la investigación es de 320.000 euros «impuestos no incluidos». Así ha sido recibido por la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Se trata, se indica, de un «presupuesto total estimado», que incluye costos de materiales, mano de obra técnica, análisis fenotípicos y moleculares, así como gastos operativos asociados. «Si se requiere mayor volumen de muestras o análisis adicionales, el costo puede incrementarse proporcionalmente», se advierte.

En concreto, el CSIC estima que la sectorización de la zona supone un coste de 10.000 euros «impuestos no incluidos»; la monitorización de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las muestras de rutina, así como el 10% de análisis específicos de las muestras asciende a 250.000 euros «impuestos no incluidos»; y la monitorización de compuestos orgánicos otros 60.000 euros, también con «impuestos no incluidos».

El CSIC pone en valor la necesidad de acometer esta investigación, porque «no solo permitirá la sectorización de la zona a estudiar sino también la identificación de los riesgos asociados a los vertidos de fangos en situaciones de emergencia, sino que también ofrecerá información clave para el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación. Los resultados contribuirán al diseño de políticas públicas más robustas, garantizando una gestión sostenible y conforme con los principios del enfoque de Una Sola Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental». En resumen, la investigación propuesta «aborda un problema crítico derivado de eventos extremos como la DANA, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental de la Comunidad Valenciana y la Unión Europea». Pero claro, el documento remitido a la administración autonómica incluye el coste de la realización de esa investigación. Un dato que solo puede haberse incluido con la obvia intención de que se abone su coste.

El miércoles de la semana pasada, Generalitat y Gobierno central acordaban el depósito de los sedimentos retirados en las zonas afectadas por la DANA en la desembocadura del río Turia, con el objetivo de facilitar las labores de limpieza y reconstrucción de estas áreas, en la medida que los análisis confirmen su inocuidad, «dado que los primeros resultados corroboran que se trata mayoritariamente de tierras y arenas arrastradas por la corriente».

El CSIC, que no aclara si la investigación la acometería de forma directa o mediante la contratación de un tercero, advierte de que el vertido de fangos a la Rambla del Poyo «puede conllevar la transferencia de contaminantes hacia la Albufera, un ecosistema de alta sensibilidad ambiental». La acumulación de nutrientes, como nitratos y fosfatos, «podría desencadenar procesos de eutrofización, alterando las comunidades acuáticas y disminuyendo la calidad del agua». Asimismo, la posible presencia de contaminantes emergentes, incluidos residuos de medicamentos y microorganismos patógenos, «podría representar un riesgo para las especies que habitan este entorno y para las actividades humanas, como la pesca, la agricultura y el turismo sostenible».