El Gobierno advierte a Castilla y León de que no aplique el plan antiabortista de Vox

Si el Ejecutivo autonómico, conformado por PP y Vox, no cumple con sus exigencias «de manera íntegra e inmediata», Moncloa amenaza con «ejercer acciones legales». Un contraataque que demuestra que el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a ir al choque para presentar a PP y Vox como un tándem a combatir en este ciclo electoral y desarmar así la estrategia moderada de Génova.

Entre otras medidas, el plan «provida» de Vox contemplaba obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo –una intervención que, según la ley, se puede realizar hasta la decimosexta semana de gestación– que escuchen el latido del feto y una ecografía en 4D, con el fin de que «tengan una conciencia mayor».

Hasta ahora, han sido varios los ministros que han cargado en público contra un plan que consideran «limita los derechos fundamentales de las mujeres». El PSOE, en un duro comunicado, afirmó el viernes que las medidas suponen «la institucionalización en la sanidad pública de medidas que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos».

Ahora, la advertencia es oficial. El documento avisa de que «el Gobierno utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición» para «defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente». También incide en que «velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia». En ese sentido, exigió «el cese inmediato» de cualquier protocolo que se haya puesto en marcha en consonancia con el plan antiabortista.

En caso de que el requerimiento no sea atendido «íntegra e inmediatamente» por el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco, el Ejecutivo central «no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico». El texto, asimismo, señala que Moncloa «estudiará» si es necesario ejercer «otras acciones legales».

La tormenta se desató el jueves tras el Consejo de Gobierno autonómico. García-Gallardo compareció ante los medios para anunciar un plan «provida» y afirmó que estaba consensuado con su socio de coalición. El asunto ha sido extremadamente incómodo para el PP, que tardó casi 24 horas en ofrecer una postura oficial. Y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se pronunció el sábado por primera vez. Insistió en que las medidas presentas por Vox en realidad eran «voluntarias». «Este plan va de fomentar la natalidad y la mujer que lo solicite podrá escuchar el latido del feto», señaló. «Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada, respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada, respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios», zanjó.

La polémica ha otorgado munición al Gobierno central para desgastar al PP a cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido este domingo que el Gobierno «no dudará en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres». Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó que el Ejecutivo «tiene claro que los derechos de las mujeres son irrenunciables» y recalcó que trabajarán «siempre para garantizar el aborto libre y gratuito».