El Gobierno dice que no puede despedir a los condenados del 'caso De Miguel'

El propio Alfredo de Miguel, 'exnúmero dos' del PNV alavés, considerado impulsor de la trama y condenado a trece años de prisión, mantiene su puesto en la Fundación Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo e Infraestructuras del Gobierno vasco que se dedica al desarrollo de proyectos del sector primario, alimentario y litoral, entre otros. También tiene un empleo en un organismo público Koldo Ochandiano, al que los jueces le impusieron una pena de siete años de prisión. En la actualidad trabaja como técnico del área financiera del Parque Tecnológico de Álava, precisamente, uno de los organismos públicos empleados por la red corrupta para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos.

La situación de ambos llegó ayer al Parlamento vasco durante una reunión de la comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras. A preguntas de EH Bildu, el director de Hazi, Asier Arrese, aseguró que la entidad no puede adoptar medidas cautelares como la suspensión de empleo «porque podría vulnerar derechos fundamentales». Durante su comparecencia explicó que De Miguel tenía en los últimos años la categoría de técnico, con nivel 'C' y un salario de 33.000 euros, aunque posteriormente accedió a través de un proceso de promoción interna en 2015 a un puesto superior que estaba vacante como «técnico de dinamización del litoral», que es el que ocupa actualmente.

«Es el juez el que nos tiene que marcar los tiempos y hasta que no haya sentencia firme o resolución provisional, cualquier toma de medidas desde Hazi no estaría suficientemente soportada y podría vulnerar derechos fundamentales», indicó Arrese, quien subrayó que la entidad que dirige está a la espera de tener una sentencia firme para poder adoptar medidas en el ámbito laboral. «No nos queda más que esperar porque entiendo que lo que dictamine Hazi no puede ir en contra de los derechos fundamentales», insistió.

Situación parecida es la de Ochandiano. En este caso, la encargada de explicar su caso fue la presidenta de los parques tecnológicos de Euskadi, Itziar Epalza, quien confirmó que el exburukide trabaja en Miñano «como técnico del área de administración».

Al igual que el presidente de Hazi, Epalza insistió en que la administración tiene que actuar con «sometimiento pleno a la ley y al derecho», lo que implica que no puede adoptar medidas preventivas contrarias a los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución». Remarcó, en este sentido, que no se puede rescindir su contrato hasta que haya una sentencia firme que ratifique su condena. También Epalza destacó que el parque acordó la nulidad del contrato que tenía con la empresa Stoa para la redacción del plan urbanístico cuando la sentencia señaló que la adjudicación fue ilegal y se hizo a cambio de una comisión.