El Gobierno «condena sin paliativos» la 'guerra sucia' del GAL: «No debió suceder»

Las declaraciones de Barrionuevo, titular de Interior entre 1982 y 1988 en los primeros gabinetes de Felipe González, causaron una gran conmoción, sobre todo entre las víctimas de la 'guerra sucia'. El exministro habló abiertamente de su implicación en algunos actos del GAL, en especial en el secuestro de Segundo Marey. Hechos por los que fue juzgado, condenado a 10 años de prisión y posteriormente indultado por parte del Gobierno de José María Aznar. Treinta años después, el testimonio no presenta signos de arrepentimiento por su parte.

El impacto de sus palabras en la política vasca fue inmediato y todos los partidos ofrecieron una inusual unidad en su contra, incluido el PSE-EE. El secretario general, Eneko Andueza, habló de «condena y rechazo contundente». También el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, se sumó en nombre del Ejecutivo central y, en el contexto del Día de la Memoria, reconoció que la actividad del GAL «restó crédito y legitimidad al Estado». Sin embargo, algunas formaciones y también varias víctimas lo consideraron insuficiente y demandaban pronunciamientos similares desde Madrid.

Fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el primero en salir a la palestra. Rebatió los argumentos de quien fue su predecesor en el cargo hace más de tres décadas, señaló que fue el Estado de Derecho el que derrotó a ETA y tachó los atentados y secuestros como acciones «terroristas». Una semana después, este martes ha sido su compañero de Gabinete el que fue un paso más allá al expresar una condena absoluta desde la Cámara alta. «Una condena rotunda, con toda claridad. Está en las antípodas que tiene este Gobierno de hacer las cosas», ha insistido Bolaños.

Respondía así el ministro a la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, quien le interpelaba para conocer las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en defensa de las víctimas del GAL. La representante nacionalista proponía, por ejemplo, «levantar el secreto sobre toda la información de aquellos hechos que permanece oculta bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales». Mantener el velo sobre este asunto, dijo la senadora jeltzale, «no es propio de un Estado democrático comprometido con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas».

Bolaños, en cambio, ha evitado realizar anuncio alguno en ese esntido. El responsable gubernamental se ha escudado en que la ley de protección a las víctimas, aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tiene «vocación universal» para afectados por el terrorismo y «por grupos parapoliciales como al que usted se refiere», ha dicho una vez más sin citar expresamente el GAL. El ministro ha aprovechado para contraponer la manera «tan ejemplar» con la que la democracia española derrotó a ETA, gracias a «la unidad de las fuerzas políticas, el respeto y acompañamiento a las víctimas y la fortaleza de la sociedad».