El Gobierno se compromete con las víctimas a no cambiar la ley para rebajar penas de etarras

La nueva planificación legislativa aprobada por el Gobierno para lo que queda de legislatura contempla la modificación de dos leyes que, de cambiarse en uno y otro sentido, podría desembocar en la excarcelación más rápida de medio centenar de presos de ETA que cumplen largas condenas en España por sus delitos pero a los que se permitiría beneficiarse del descuento de las penas que ya purgaron en cárceles francesas.

Así lo han denunciado las propias asociaciones de víctimas, como la AVT, que temen que la actual legislación, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y avalada por la justicia europea, se modifique en favor de los reclusos de la banda. No hay que olvidar que ésta sigue siendo una de las grandes reivindicaciones de este mundo. De admitirse, beneficiaría a «históricos» de ETA como Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco; el exjefe militar de la banda José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', y también a Soledad Iparragirre, 'Anboto'.

¿Cuál es la potencial vía legal que podría usar el Gobierno? Por una parte, el Ministerio de Justicia tramita ya un anteproyecto para modificar la ley 7/2014, «sobre el intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea». La memoria que acompaña el texto prevé, de modo críptico, «modificar el actual sistema rígido que impide la retransmisibilidad» de las sentencias propias y las dictadas previamente en otros países «por otro más flexible conforme al principio de reciprocidad con arreglo al tratamiento que le dan otros Estados a este parámetro».

Por otra parte, el Ejecutivo prevé enmendar la ley 23/2014, que es la que regula también «el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea». De hecho, esta última incluye en su artículo 86 la referencia a la 7/2014. Los objetivos que el Gobierno menciona para reformar la ley 23/2014 tienen que ver, oficialmente, con aspectos como las operaciones de decomisos y el embargo de bienes.

Pese al correo electrónico de la Dirección de Víctimas, la AVT emitió ayer un duro comunicado asegurando que es «una realidad». «El Gobierno de Sánchez vuelve a mentir una vez más desmintiendo esta información, tal y como nos mintió cuando nos aseguró en boca de su ministro del Interior que no se acercaría al País Vasco a ningún preso con delitos de sangre», denunciaron.

Lo hicieron tras reunirse con el Gobierno vasco, del que arrancaron el compromiso de tener en cuenta a las víctimas en su política penitenciaría, según informó la AVT. El Ejecutivo de Urkullu tiene transferida la competencia de Prisiones desde el 1 de octubre.