El Gobierno central niega que el calendario de transferencias sea un guiño a los nacionalistas

La ministra de Política Territorial salió ayer al paso de quienes reprochan que el Gobierno central «acelere» las transferencias a Euskadi, desde donde se recuerda que el Estatuto lleva 40 años en vigor y aún faltan competencias. Carolina Darias no hizo esta alusión, pero sí defendió que el cronograma es un compromiso adquirido por Moncloa con el Gobierno autonómico en enero de 2019 -entonces Sánchez también necesitaba el apoyo del PNV para sacar adelante las Cuentas-, y que su antecesora en el cargo, la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dejó parte de las transferencias «trabajadas».

El Gobierno central transfirió una competencia en abril de 2019 a Lakua, antes de permanecer en funciones ocho meses por el carrusel electoral, y la idea era retomar las negociaciones el pasado marzo. Pero la pandemia volvió a paralizarlo todo. Sánchez hizo tres cesiones menores en junio, a las puertas de la campaña electoral cuando el PNV le reprochaba su acercamiento a Bildu, y el compromiso era reactivar el proceso cuando Urkullu y su nuevo equipo tomaran posesión.

Las conversaciones Madrid-Vitoria se retomaron la semana pasada, y el equipo de Darias remitió el miércoles un borrador que prevé entregar al Gobierno vasco 11 de las 29 competencias restantes -entre ellas la gestión de prisiones- el próximo marzo. Según ese documento, las restantes -excepto la referente a la Seguridad Social- llegarían en junio. En el Ejecutivo autonómico dan por buenos los plazos, pero podrían no ser esos. La ministra advirtió ayer de que el cronograma «no es definitivo».

Pese a que existe la posibilidad de que el cronograma pueda sufrir modificaciones, el Gabinete Urkullu ya lo 'vende' como definitivo, e incluso ha empezado a detallar el modelo de gestión de prisiones que pondrá en marcha. Las primeras pistas las dio ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a preguntas de Bildu en la sesión de control celebrada en el Parlamento.

Artolazabal no hizo mención alguna a los presos de ETA -la política penitenciaria seguirá marcándola el Gobierno central- pero defendió «mejorar y reforzar el carácter resocializador» de las condenas y reivindicó las penas alternativas al encarcelamiento. «Son más eficientes para lograr finalidades reinsertadoras». En ese sentido, anunció la creación de una «red de reinserción vasca» cuyo principal objetivo será prestar una atención «individualizada intensiva» que permita a los reclusos acabar sus condenas «en régimen abierto».