El Gobierno carga contra el Supremo y le acusa de «extralimitarse» al frenar la amnistía

El ataque directo del Gobierno al Supremo –aunque Puente se cuidó mucho de mencionarlo expresamente– llega justo cuando aún colea la aparición y nueva fuga de Carles Puigdemont. El expresidente acudió a Barcelona, dio un mitin de diez minutos y se escabulló de los Mossos, que tenían orden de arrestarle ya que sobre él sigue pesando una orden de detención.

La razón por la que Puigdemont no puede volver a España en libertad tiene su origen en lo que sucedió el pasado 1 de julio, cuando la Sala de lo Penal que juzgó y condenó a los doce líderes independentistas y el juez instructor Pablo Llarena rechazaron aplicar la amnistía al delito de malversación de caudales públicos cometido durante el 'procés'. La Sala argumentó que los acusados obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial y provocaron una afectación de los intereses financieros de la UE «por el riesgo potencial» de su plan de separación de un país miembro. Asimismo, defendieron que el castigo en los delitos patrimoniales «no se justifica por «quedarse con las cosas de otro», sino por «quitarle a otro las cosas».

La tesis del Supremo fue rebatida por diversos juristas –de hecho, una de las magistradas emitió un voto particular y acusó a sus colegas de «retorcer» la interpretación de la malversación–, pero es la que sigue vigente a la espera de lo que diga el Constitucional. El problema para el Gobierno es que esa interpretación complica sobremanera su relación con Junts y, por tanto, la estabilidad del propio Ejecutivo.

Desde que el Supremo hizo pública su visión sobre la malversación los socialistas ya habían escenificado su malestar en otras ocasiones, pero Puente fue ayer varios pasos más allá. El dirigente socialista, en una entrevista en Rne, puso en el tejado de la Justicia la responsabilidad de que Puigdemont todavía no se haya podido beneficiar de la amnistía. Aseguró que el Gobierno «ha hecho lo que podía y lo que debía» y que ahora es el turno de que los jueces hagan «lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo, sobre todo a su tenor literal».

«Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla, diciendo que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal», subrayó.

Críticas del PP

A su juicio, esa interpretación «no hay por dónde agarrarla» y dio por hecho que el Tribunal Constitucional, ahora con mayoría progresista, la tumbará cuando analice el caso. «Lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto final a la cuestión judicial» del 'procés', aseguró.

Las palabras del ministro fueron criticadas con dureza por el PP. «Para Óscar Puente es una extravagancia que alguien haga su trabajo, pero debería probarlo. Menos bravuconadas contra los jueces», reprochó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.