El Gobierno da por bueno el aval del CGPJ a Delgado e intenta rebajar tensiones

La también ministra de Hacienda, que se estrenó en sus nuevas atribuciones como sustituta de Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, evitó así la controversia e incluso aseguró que el Gobierno no tiene intención de contribuir ni con sus «expresiones» ni con sus «acciones» a «ningún intento de otras formaciones por embarrar la vida pública». «Y mucho menos -subrayó- cuando compete a otras instituciones del Estado».

Lo cierto es que el mandato del Gobierno de coalición ya empezó esta semana con un choque con el Poder Judicial, cuya comisión permanente acordó por unanimidad reclamar públicamente al vicepresidente Pablo Iglesias«responsabilidad institucional», después de que este argumentara en una entrevista que la prueba de la «judicialización» del procés fue un error es que «muchos tribunales europeos» han quitado la razón a los jueces españoles y eso ha supuesto una «humillación» para España.

En una decisión poco frecuente, pero que tiene como precedentes sendas llamadas de atención tanto al exministro de Justicia Rafael Catalá como al extitular de Interior Jorge Fernández Díaz, ambos del PP, el CGPJ emitió un comunicado en el que hacía un llamamiento a la «moderación, la prudencia y la mesura» para evitar «el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados españoles.

A su vez, el Ejecutivo respondió el mismo miércoles con un breve comunicado enviado a los medios. «Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos. En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el Gobierno y donde pedimos que también esté la oposición», manifestó. En estas palabras venía implícita la convicción del Ejecutivo de que, como ocurrió en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP pretende utilizar el Poder Judicial, en el que en estos momentos tiene mayoría, pero que está pendiente de renovación, como ariete contra las políticas gubernamentales.

Montero, sin embargo, no quiso hacer explícito hoy este temor y se cuidó de interpretar la actuación del Consejo presidido por Carlos Lesmes como la primera muestra que avalaría esa tesis. Sin embargo, sí insistió en el llamamiento a los populares para que no «bloqueen» el relevo que debe realizar el Parlamento por una mayoría reforzada de tres quintos y que lleva ya más de un año de retraso. «Es fundamental que se siente en la mesa de diálogo», alegó.

La dirección del PP sostiene que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, después de que Sánchez se haya comprometido con los independentistas a «desjudicializar» el «conflicto político» catalán a cambio de su investidura demuestra que pretende poner la justicia al servicio de sus intereses políticos y justifican así su insistencia en que el acuerdo no será posible. Además, desde hace aproximadamente un año el PP defiende la vuelta al sistema de elección del CGPJ previo a 1985, cuando eran los propios jueces y magistrados los que votaban.

El Gobierno, que durante la campaña electoral emprendió una ofensiva judicial contra el secesionismo y llegó a plantear en torno a diez recursos de inconstitucionalidad desde que se disolvieron las Cortes el 24 de septiembre hasta el 10 de noviembre, lleva dando largas en cambio a la impugnación de la última resolución mediante la que la Cámara catalana pretendió burlar una decisión del tribunal de garantías el pasado 27 de noviembre. Montero aseguró, no obstante, que todo tiene sus trámites pero que el Gobierno «no va a permitir que ninguna administración se salte la ley o la incumpla».