El Gobierno aprueba la prisión permanente revisable para los violadores en serie o abusos a menores

El texto añade nuevos supuestos en los que cabría aplicar la prisión permanente revisable. La medida sería apropiada, a juicio del Ejecutivo, para los culpables de asesinato que obstruyan la recuperación del cadáver, los responsables de secuestros que acaben en muerte, los violadores en serie, aquellos que abusen sexualmente de un menor tras ser privado de libertad y torturado y los que ocasionen el fallecimiento de una o más personas por incendio, liberación de energía nuclear o empleo de elementos radioactivos.

El Gobierno busca dar un paso al frente en la defensa de la prisión permanente revisable cuando el Congreso tramita a petición del PNV -con el apoyo de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos- la derogación de la medida. El ministro de Justicia ha rechazado los argumentos de la oposición, que habla de cadena perpetua, y ha defendido que la figura penal existe en la mayor parte de los países de Europa. “En Francia, Alemania o Italia delitos como la rebelión, la sedición o atentar contra los intereses del Estado tienen prisión permanente revisable”, ha advertido Rafael Catalá, que, sin embargo, no contempla añadir esta casuística al Código Penal español.

“No queremos entrar en debates que generarían una polémica adicional sobre la que ya puede existir en torno a esta pena”, ha descartado el titular de Justicia. El PP, en cambio, sí ha propuesto que los condenados por rebelión o sedición no puedan obtener el indulto del Gobierno. Un mensaje para el independentismo, dado que por esos delitos se investiga a los líderes secesionistas catalanes en el Tribunal Supremo.

Catalá argumenta que la suya no es una iniciativa orientada al endurecimiento del Código Penal y sí a garantizar que se ha producido la “reinserción” de los condenados y a “proteger” a los ciudadanos. Además, insta a los partidos de la oposición a reflexionar. “No nos eligen los ciudadanos para que hagamos lo que mejor nos parezca, sino para que representemos a la sociedad. Por tanto, si el 80% de los ciudadanos considera que debe existir una pena muy grave para delitos gravísimos, ¿cómo van los grupos parlamentarios a estar tan alejados del sentir social?”, se ha preguntado.

El Gobierno confía en poder frenar así la derogación de la prisión permanente revisable y descarta que sea un movimiento “electoralista” aun no estando previsto inicialmente en los planes legislativos del Ejecutivo.