El Gobierno rebaja el alcance de la enmienda para investigar crímenes de lesa humanidad franquistas

El texto pactado entre los dos socios del Gobierno para salvar la que consideran una de sus leyes emblemáticas establece lo siguiente: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Unidas Podemos defendió el miércoles, a través del secretario general del PCE y secretario de Estado de agenda 2030, Enrique Santiago, que la propuesta da «pasos muy sólidos» para que los crímenes del franquismo «salgan de la impunidad», aunque reconoció que sus efectos, en términos cuantitativos, pueden ser limitados dado que la mayor parte de sus autores ya han fallecido. Su lectura, sin embargo, choca con la del ministro y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un intento de ahogar las críticas vertidas desde el PP –que acusó al Ejecutivo de avanzar en su «afán de reescribir la historia, y cuestionar la Transición»– pero también de lanzar un mensaje tranquilizador hacia las propias filas socialistas, en las que la iniciativa suscitó algunos resquemores. Bolaños argumentó que lo único que hace la enmienda es «ratificar» algo que ya dice la propia Constitución, que es que toda la legislación española ha de ser interpretada conforme a los criterios del derecho internacional y los tratados a los que se ha adherido España.

El ministro de Presidencia, remarcó además, en una entrevista en Onda Cero, que una legislación ordinaria, como la ley de memoria democrática, no podría en ningún caso modificar la legislación penal, que tiene carácter orgánico. Pero sobre todo, insistió en que si la enmienda sale adelante, no se podrá hacer «nada» que no se hiciera ya desde 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma (que constituyó la Corte Penal Internacional) y que había sido ratificado por España.

Hasta ahora, los partidarios de investigar los crímenes del franquismo se han topado con varios obstáculos: la propia Ley de Aministía, que extingue la responsabilidad criminal sobre los delitos de motivación política cometidos antes de 1976 y el principio de irretroactividad de las normas penales que perjudiquen al reo y que ha llevado al Tribunal Supremo y al Constitucional a considerar que no podían ser juzgados crímenes de lesa humanidad previos al momento en el que estos se tipificaron en el Código Penal español, en 2004.

Ni el PSOE ni Unidas Podemos, según subrayó el miércoles Santiago, tienen la más mínima intención de derogar, como reclama Esquerra, la Ley de Amnistía. Bolaños defendió que fue precisamente la izquierda quien reivindicó en su momento esa norma que permitió que muchos represaliados de la dictadura «salieran de la cárcel» y que contribuyó a «consolidar la democracia». «Yo soy un gran defensor de la Transición y de las personas que la protagonizaron», dijo en respuesta a los dardos de la oposición.

El caso es que el movimiento con el que el Gobierno pretendía granjearse el apoyo de una reticente Esquerra a su proyecto de ley ha terminado por volvérsele en contra. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, volvió a acusar este jueves al Ejecutivo de «vender humo» y dejó claro que a su partido no firmará una ley que ni siquiera es capaz de declarar «ilegal» al régimen que salió de un golpe de Estado.

El Ejecutivo mira ahora a Ciudadanos, que el martes exigió, entre otras cosas, que el PSOE respalde la proposición de ley sobre víctimas del terrorismo a través de la que pretende prohibir los 'ongi etorri', los homenajes a los presos de ETA excarcelados. Bolaños aseguró que no da nada por perdido. «Estamos continuamente aplicando algo en lo que creemos que es la cultura del diálogo. Tenemos que intentar convencer y hasta el momento, con humildad pero también con cierto orgullo, digo que estamos consiguiendo sacar adelante todas las normas», dijo.

El portavoz adjunto de la formación liberal en el Congreso, Edmundo Bal, avisó, sin embargo, horas después, de que su partido votará en contra de la ley si el PSOE y Unidas Podemos mantienen la enmienda relativa a la Ley de Amnistía. Bal argumetntó que con ella el Gobierno asume el relato de sus socios separatistas y populistas, que quieren, dijo, «acabar con la Transición». «Ciudadanos no va a secundar, a blanquear ni a ser cómplice de esta tropelía del Gobierno para contentar a sus socios separatistas«, ha advertido». añadió.