Gobierno y PP acuerdan la renovación del Constitucional y otras altas instituciones

Los nuevos magistrados del Constitucional serán cuatro exvocales del Consejo General del Poder Judicial: el catedrático Enrique Arnaldo y la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, a propuesta del PP, y la magistrada Inmaculada Montalbán y el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel (al que se supone cuota de Unidas Podemos), a propuesta del PSOE. Sus designaciones no alterarán las mayorías actuales del alto tribunal.

Al frente de la institución del Defensor del Pueblo estará el exministro de Educación y excandidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y su adjunta será la diputada popular Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en 1998.

La renovación del Tribunal de Cuentas implicará la salida de la que fuera ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante, 'bestia negra' para el independentismo. Su marcha fue utilizada por los populares como prueba de que Pablo Casado quiere avanzar en la despolitización de estos órganos, aunque algunos de los nombres pactados arrastran cierta polémica. Espejel, futura magistrada del Constitucional, por ejemplo, fue recusada de todas las causas de la 'trama Gürtel' por supuesta proximidad a los populares.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, defendió, en todo caso, que tanto los candidatos del Tribunal de Cuentas como los del tribunal de garantías son «profesionales y técnicos de reconocido prestigio». «Para nosotros, es fundamental seguir trabajando en el camino del reforzamiento de las instituciones del Estado, y este acuerdo camina en esta dirección. Nos damos por satisfechos» sentenció.

Los populares saben que el acuerdo les costará duros reproches de Vox, que ya la semana pasada les acusó de «dar oxígeno a un Gobierno que pisotea la Constitución y que ha pactado con los enemigos de España». Pero están dispuestos a aguantar el tirón. Ellos mismos dejaron claro también ayer que no creen al presidente del Ejecutivo cuando afirma que en ningún caso negociará con EH-Bildu la excarcelación de los cerca de 200 etarras que aún permanecen en prisión. «Nadie negocia en Europa con grupos que no condenan el terrorismo», reciriminó Casado desde Bruselas. En paralelo, sin embargo, su 'número dos' ultimaba con el hombre fuerte del Gabinete Sánchez los nombres que en las próximas semanas integrarán instituciones clave del Estado.

La decisión del PP de no vincular estas conversaciones, que dan cumplimento a un mandato constitucional, con la batalla partidista es, en sí misma, novedosa. Casado llegó en su día a apelar a asuntos como las críticas de Pablo Iglesias al rey Juan Carlos o los indultos a los condenados del 'procés' como obstáculos para cerrar un pacto de renovación institucional. En Moncloa creen que ha llegado a la conclusión de que no puede mantener el bloqueo durante dos años más y que la presión tanto interna, de dirigentes populares, como externa, desde la propias instituciones, le han convencido de que perjudicaba su imagen como líder de un partido de Estado.

El bloqueo continúa en lo que afecta al Poder Judicial, sobre el que los dos partidos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo en febrero. Casado insistió ayer en reclamar a Sánchez un cambio legislativo para que sean los jueces los que elijan directamente a doce de sus veinte vocales. El Gobierno replica que esa propuesta no cuenta con mayoría en el Congreso.