El Gobierno fía a la abstención del PP o Bildu la subida salarial a los funcionarios y de la RGI

El Gabinete PNV-PSE fía la posibilidad de dar luz verde al proyecto a que, en puertas ya de las elecciones municipales y forales de mayo, a alguno de los tres partidos de la oposición le entre el vértigo a aparecer como el responsable de que no se aplique a las nóminas que dependen de las arcas públicas esa balsámica subida.

Por poner un ejemplo, solo en el sueldo de los funcionarios, un colectivo de alrededor de 70.000 personas, tumbar la llamada ley de acompañamiento supondría unos 80 euros al mes, casi mil euros anuales. «Debería salir adelante. No puede no salir», apuntan en el Ejecutivo, que recuerda que para «castigar» al Gobierno y bloquearla, el PP, EH Bildu y Podemos deberían «ponerse de acuerdo» y votar en contra, ya que la abstención de alguno de los tres sería suficiente para que la Cámara la aprobara.

En el PNV son aún más explícitos. «¿Se van a atrever? ¿Cómo lo van a explicar? ¿Qué les va a poder más, su interés particular en desgastar al PNV o el perjuicio que causarían a los colectivos afectados?», se preguntan en Sabin Etxea. El propio Urkullu se pronunció ayer en público para subrayar su confianza en contar con el «apoyo suficiente» para que el proyecto entre en vigor. Su portavoz, Josu Erkoreka, no se quedó atrás: «Votar en contra sería oponerse a las mejoras de esos colectivos», sentenció en Radio Euskadi.

El planteamiento está claro y la apelación va dirigida sobre todo al partido con el que el Gobierno vasco negoció los fallidos Presupuestos de 2019 hasta el final, EH Bildu, y al PP, la fuerza en la que hasta ahora confiaba como socio prioritario para gestionar la prórroga. De hecho, el proyecto que hoy aprobará el Ejecutivo -el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, dará detalles de su contenido ante los medios tras la reunión del Consejo- incluye guiños a izquierda y derecha. Precisamente, con ese carácter transversal de la ley juega el Gobierno para garantizarse su aprobación. Al ser de lectura única, el proyecto no podrá votarse por puntos como pedirá EH Bildu en la Mesa del Parlamento y tampoco hay margen para incorporar enmiendas al texto que se aprobará hoy. Es básicamente un 'o lo tomas o lo dejas' que los grupos de la oposición consideran un «trágala».

La subida de la RGI podría ser perfectamente asumida por la izquierda abertzale y por Elkarrekin Podemos porque, según la información facilitada a los grupos por Azpiazu, será del 3,5% para los perceptores en general y hasta del 4,5% para los pensionistas que ven complementada su prestación gracias a las ayudas sociales. Un incremento considerablemente superior al 2,25% que se elevarán los sueldos de los empleados públicos y que el PP considera por eso mismo inaceptable. No obstante, en el proyecto también hay golosos 'caramelos' para los populares, a los que el Gobierno supone deseosos de no desairar a los pensionistas. Por un lado, la subida de los sueldos a los profesores de la concertada para ir equiparándolos a los de la pública, una reivindicación histórica del partido de Alfonso Alonso, y, por otro, la eliminación definitiva de los recortes a las ayudas familiares a la conciliación, que recuperan las cuantías previas a la crisis. Otra exigencia clásica del PP, cuya progresiva reducción pactó personalmente con el Ejecutivo en anteriores negociaciones presupuestarias. Por eso, el Gobierno vasco está convencido de que si el PP, con quien contaban como socio, rechaza la ley no será por decisión de Alonso y su grupo parlamentario, sino del equipo de Pablo Casado en Génova.

Sin embargo, fuentes de los populares vascos insistieron ayer en que votarán 'no' al proyecto de ley si las ayudas sociales crecen por encima de los salarios de los funcionarios. «No pueden pretender aprobar políticas de Bildu con el voto del PP», aseguró, contundente, Alfonso Alonso. «No tiene mayoría en el Parlamento, así que le toca elegir. Pero no es razonable que quiera que los que más vean subidas sus percepciones sean los que cobran ayudas sociales. Más que los funcionarios y más que los profesores», añadió.