El Gobierno abre la puerta a revisar los casos de una docena de presos de ETA enfermos graves

El Código Penal permite el acceso a la libertad condicional a aquellos reclusos que han cumplido tres cuartas partes de sus condenas -o dos terceras partes si fueron juzgados a partir de 1995-. Contempla, sin embargo, dos excepciones: también pueden solicitar su excarcelación los presos mayores de 70 años y los enfermos graves «con padecimientos incurables».

Con el fin de endurecer esta última posibilidad, el PP emitió en febrero de 2017 una instrucción que exigía que los padecimientos debían estar ligados a una breve esperanza de vida: alrededor de los dos meses. Esta modificación fue en su momento duramente criticada por partidos políticos, organizaciones sociales, abogados, médicos y familiares de reclusos. Todos ellos advirtieron de que en una enfermedad terminal influyen factores como la edad, las complicaciones o las respuestas a tratamientos que van más allá de criterios «meramente temporales».

El pasado mes de julio, pocas semanas después de llegar a La Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguró no tener previsto modificar la controvertida directriz. Así lo aseguró en una respuesta a una pregunta parlamentaria del senador de EH Bildu Jon Iñarritu. Cinco meses después, ha sido el Ministerio del Interior -dirigido por Fernando Grande Marlaska- el que ha decidido dar el paso. El 17 de diciembre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, firmó la instrucción 6/2018 que elimina expresamente la reforma que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy y establece un protocolo menos estricto, en cuanto al ámbito temporal se refiere, para los internos que padecen enfermedades graves.

Su entrada en vigor se produjo el 21 de diciembre y se dio a conocer públicamente una semana después, en plenas fiestas navideñas. A partir de ahora serán los médicos de las cárceles los responsables de emitir un informe sobre cada caso en cuestión, aunque la decisión última corresponderá al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido acogida con prudencia entre los familiares de presos de ETA e incluso en la izquierda abertzale. Este nuevo marco normativo permitirá revisar la situación de al menos una docena de reclusos de la banda terrorista con enfermedades graves e incurables. La cifra podría incluso ser mayor -algo más de veinte- si a la lista se unen aquellos con padecimientos no tan graves, pero con edad avanzada, según los datos que barajan la plataforma Sare y Etxerat. La asociación 'Jeiki Hadi', que trabaja en el campo de la asistencia sanitaria a los presos de ETA, tiene previsto hacer público hoy mismo un informe actualizado de la situación de la población reclusa de la banda terrorista.

Entre los nombres que figuran en los informes de los colectivos de apoyo a los reclusos estarían, por ejemplo, los de Aitzol Gogorza y Jesús Mari Martín Hernando, ambos con enfermedades psiquiátricas diagnosticadas. El primero, que se encuentra en la cárcel de Basauri, llevó a cabo en 2006 una huelga de hambre para pedir su excarcelación. Un año antes, el Parlamento vasco, con los votos de PNV y EH Bildu, reclamó también su puesta en libertad. Martín Hernando, por su parte, intentó suicidarse en 2010. Dos años después, los jueces rechazaron su salida de prisión al considerar que su enfermedad estaba controlada con la medicación que le habían prescrito. Además, el pasado mes de diciembre fue sometido a un cateterismo de corazón.

También entrarían en este grupo Gorka Fraile -fue acercado en noviembre a la cárcel de Santoña- y Joseba Borde Gaztelumendi, ambos operados de cáncer y sujetos a habituales revisiones médicas. Otros dos reclusos que podrían verse beneficiados del cambio de normativa serían los exdirigentes de ETA Josetxo Arizkuren Ruiz, 'Kantauri' -padece una cardiopatía isquémica severa-, e Ibon Fernández Iradi, 'Susper', este último con esclerosis múltiple.

A modo de novedad, el protocolo para valorar cada caso incorporará, además de la descripción de la enfermedad y la fecha del diagnóstico, un formulario tipo en el que los médicos deberán valorar la «calidad de vida actual» de cada preso. Es decir, no solo estimar cuánto tiempo les queda de vida. Habrá diez grados (según el índice de Karnofsky), que irán desde 'no evidencia de la enfermedad', hasta un 'pronóstico rápidamente fatal', pasando por 'discapacitado', 'hospitalización necesaria' o 'puede cuidar de sí mismo', entre otros. En aquellos casos en los que no se aprecie que existan circunstancias que motiven la suspensión de la ejecución del resto de la pena, se deberá mantener un seguimiento a la situación del recluso con un informe cada seis meses donde se actualice su pronóstico vital y su grado de deterioro.

Por su parte, la asociación de asistencia sanitaria a los presos de ETA Jaiki Hadi ha cifrado este lunes en 21 el número de internos aquejados por enfermedades graves e incurables, un colectivo en el que, según han denunciado, «las décadas de reclusión y la edad avanzada van haciendo mella de forma muy alarmante». Representantes de Jaki Hadi han ofrecido una rueda de prensa en Hernani para hacer balance de la situación de estos reclusos y para valorar el nuevo protocolo que, a su juicio, supone «un avance comparando con la situación anterior», cuando «se exigían una serie de requisitos muy estrictos para conseguir la libertad de un preso enfermo grave». No obstante, han lamentado que «siga primando la opinión de la institución penitenciaria sobre la de los médicos» a la hora de liberar a un recluso de estas características y que «no se especifique muy bien en qué momento se puede producir la libertad» de un preso gravemente enfermo, dado que «es susceptible de muchas interpretaciones».