El Gabinete Urkullu lanza una ley que no podrá aprobar

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, presentó la iniciativa siendo consciente de ello. Dijo que serán los grupos parlamentarios los que «verán si tienen o no posibilidad y hasta dónde pueden avanzar» antes de que la convocatoria de las autonómicas de 2024 disuelva la Cámara. La tramitación de las normas es larga y no hay margen temporal para ratificarla, incluso en el caso de que al final no haya adelanto electoral. «El texto llegará a donde llegue, pero en todo caso es un activo», asumió la responsable del texto.

El proyecto de ley se quedará así en un cajón por tercer mandato consecutivo. En la primera legislatura de Iñigo Urkullu (2012-2016), con el PNV gobernando en solitario y en minoría, se trató de legislar al respecto en una norma más global y luego en un texto desgajado, pero fracasó al no recabar apoyos entre la oposición. Y en la segunda (2016-2020), ya en coalición con el PSE-EE pero todavía sin mayoría absoluta, se llegó a registrar como proposición de ley -por los grupos, no por el Ejecutivo- pero decayó.

A la tercera tampoco irá la vencida, pero al menos se ha dejado hecho el trabajo previo. En líneas generales, la norma se propone tres objetivos: garantizar la transparencia de la Administración ante la ciudadanía; fomentar la participación de la sociedad en los asuntos públicos; y facilitar la rendición de cuentas «en tiempo real» de las acciones e iniciativas desarrolladas para cumplir con el programa de gobierno correspondiente. «Es un instrumento más de compromiso con la ciudadanía», resumió Garamendi.

La ley contempla la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia-Gardena, que velará por garantizar que la Administración cumple con sus obligaciones y ante la cual se podrán interponer reclamaciones cuando se deniegue el derecho a una información. El nuevo órgano tendrá capacidad para dictar soluciones con medidas correctivas e incluso para incoar procedimientos sancionadores. La norma, además, prevé un registro de grupos de interés para facilitar la identificación pública de los llamados 'lobbies'.