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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Viernes, 26 de enero 2018, 00:38
El Gobierno de Emmanuel Macron tiene sobre la mesa una quincena de solicitudes individuales de acercamiento a las cárceles más próximas a Euskadi, formuladas por otros tantos presos de ETA, que ha comenzado a estudiar para comprobar si cumplen los requisitos legales. El ... dato fue facilitado ayer por el Ministerio de Justicia a Marimar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), segunda asociación recibida esta semana en París tras la reunión celebrada el martes con Consuelo Ordóñez, responsable del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).
Al igual que su homóloga de Covite, Blanco salió «tranquilizada» de la entrevista mantenida con Hélène Davo, directora adjunta del gabinete de la ministra de Justicia, Nicole Belloubet. Esta magistrada, que ejerció de juez de enlace de Francia en España, pilota en el Gobierno francés el tratamiento penitenciario a los presos de ETA, un asunto que conoce de primera mano y con el que se encuentra muy sensibilizada. «Quiero agradecer la transparencia y la sinceridad con las que nos ha hablado y sobre todo el gesto de que, incluso antes de que hubiéramos podido solicitar una entrevista, se ha adelantado y ha querido trasladar a las asociaciones sus explicaciones», dijo la presidenta de la FVT.
La también diputada del PP indicó que la responsable ministerial le informó de que «han llegado de momento quince solicitudes a nivel individual» de reclusos deseosos de ser trasladados a cárceles cercanas al País Vasco como son las de Mont de Marsan (Las Landas) y Lannemezan (Altos Pirineos). «Lo que se va a realizar es un estudio individualizado de cada una de las solicitudes», apuntó. «Ahora tienen que estudiar caso a caso pero no me ha hablado de tiempos ni de plazos», añadió.
Davo reiteró a Blanco las líneas rojas de actuación adelantadas a Ordóñez. Consisten en que los solicitantes «no tengan ningún delito de sangre ni ninguna causa pendiente con la Justicia española». «Además, se trataría de presos que estén a punto de cumplir la condena», planteó.
La presidenta de la FVT declaró que le había «tranquilizado mucho el que me ha dejado claro que no hay ningún proceso de negociación» del Gobierno francés con los defensores de las reivindicaciones de los reclusos etarras y que no se va a tratar de «un acercamiento de presos generalizado sino individualizado».
Marimar Blanco reiteró en la reunión su posición contraria a cualquier tipo de acercamiento de presos. Pero su interlocutora le aclaró que el código de procedimiento penal francés «no contempla ciertos requisitos de la legislación española como es desmarcarse de la organización terrorista, la petición de perdón o la colaboración con la Justicia».
«Lo que se nos ha trasladado se aleja mucho de lo que ciertos partidos como el PNV y asociaciones como Etxerat han intentado tergiversar diciendo que había una negociación y un acercamiento generalizado y que esto tenía que marcar los pasos a seguir del Gobierno de España», enfatizó. Además, resaltó que el Ejecutivo francés no ha variado su política penitenciaria y que «lo que ha habido es un cambio de actitud por parte de los presos de ETA que con anterioridad no se habían acogido a la ley».
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