La forense examina a Griñán para decidir si su cáncer puede ser tratado en prisión

Fuentes del caso explicaron que la forense ya tiene en su poder toda la documentación médica que la defensa de Griñán aportó ese mismo 23 de diciembre para reclamar a la Audiencia Provincial que suspendiera la orden de ingreso en prisión que este mismo tribunal había dictado 24 horas antes, dando a Griñán y a seis exaltos cargos del Gobierno autonómico un plazo de diez de días para entrar en la cárcel, que expiró el pasado lunes.

El expresidente andaluz, que no tiene metástasis, supo del diagnóstico a mediados de diciembre, según la documentación presentada. El letrado de Griñán, José María Calero, defendió en su escrito que su cliente, condenado a seis años de cárcel por malversación en el 'caso de los ERE', no puede ser tratado adecuadamente de su dolencia en prisión, ya que es cáncer de próstata de «alto riesgo» que necesita de «tratamiento combinado y urgente».

Los otros seis exaltos cargos que habían sido requeridos para entrar en prisión lo han hecho en los últimos días. Se trata del exconsejero de Empleo y Desarrollo José Antonio Viera; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el director general de la empresa que concedía el dinero público Miguel Ángel Serrano; el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández; y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo.

Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, el octavo de los condenados que debía entrar en prisión, como en el caso de Griñán tampoco ha ingresado en ningún centro penitenciario a la espera de que el tribunal decida si tramita la suspensión de la ejecución de pena que solicitó su defensa por «enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

La forense que este martes examinó a Griñán no tiene plazo para elaborar el informe que le pidió la Audiencia Provincial de Sevilla, que tampoco tiene fecha límite para decidir sobre la petición del exjefe del ejecutivo autonómico de no entrar en prisión.

Según fuentes judiciales, la Audiencia Provincial tendría varias fórmulas, si así lo considerara conveniente a la vista del informe forense, de evitar que Griñán entrara en prisión por motivos de salud y así, de paso, librar al Gobierno de la patata caliente de estudiar si le concede el indulto que le ha solicitado.

La primera sería la aplicación del artículo 80.4 del Código Penal que faculta a los «jueces y tribunales» a «otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo».

También cabría la posibilidad de que la Audiencia sevillana recurriera al artículo 91.3 del mismo texto que permite la concesión de la libertad condicional si el «peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente» y así lo acreditara el forense y los servicios médicos de la cárcel.

En cualquier caso, y si el expresidente llegara a entrar en prisión, en diciembre de 2018, ya Instituciones Penitenciarias en una circular suavizó las condiciones para decidir qué expedientes de presos con enfermedades «muy graves» deben remitirse a los jueces para que estudien su excarcelación. En 2017, el Gobierno del PP determinó que se debían tener solo en cuenta criterios temporales. Sin embargo, la administración penitenciaria socialista recién llegada por entonces ordenó que se valorara también la calidad de vida que el reo pudiera tener en prisión. Aquella nueva directiva que ahora podría favorecer a Griñán, sin embargo, se hizo tras las quejas por la negativa de una juez de dejar en libertad al expresidente valenciano Eduardo Zaplana aquejado de una leucemia.