La Fiscalía rechaza el indulto para De Miguel y pide que entre en prisión como tarde el día 19

A finales del pasado mes, el ex 'número dos' de la formación jeltzale en Álava solicitó a la autoridad judicial la suspensión de su pena real de nueve años de cárcel. Días más tarde cursó una petición de indulto al Gobierno central. En idéntica coyuntura se halla su principal colaborador, el exedil en Vitoria Aitor Tellería, castigado con un global de cinco años y un día entre rejas. Con estas maniobras, las defensas de ambos condenados pretenden postergar sus encarcelamientos una vez agotada la vía judicial desde el pasado 9 de enero, cuando el Tribunal Supremo confirmó sus sentencias condenatorias y puso fin a catorce años de proceso. Agentes de la Ertzaintza irrumpieron en sus domicilios en 2010, pero meses antes se produjo la denuncia de la abogada vizcaína Ainhoa Alberdi, a la que los implicados exigieron el pago de una comisión irregular.

Según ha sabido EL CORREO, el fiscal Josu Izaguirre anunció ayer a la Audiencia Provincial de Álava -responsable de activar los encarcelamientos- su firme oposición a que «suspenda la ejecución de las penas privativas de libertad» a De Miguel. Este exalto cargo del PNV fue condenado por delitos como asociación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos. La suma total de cargos alcanza algo más de doce años. Sin embargo, el tiempo real de cumplimiento quedará en nueve años.

«Tal como reconoce la (parte) recurrente, lo cierto es que, entre otras, se le ha impuesto una pena privativa de libertad superior a dos años, con lo que no cabe la aplicación de ninguno de los supuestos de suspensión establecidos en el Código Penal», refiere la notificación rubricada por Izaguirre. La normativa jurídica actual sí prevé que un condenado esquive la cárcel siempre que el tiempo de la condena «no sea superior a dos años» y con la obligación expresa de no delinquir de nuevo en los siguientes 24 meses como mínimo.

El 22 de marzo, hace ahora un par de semanas, la abogada de De Miguel cursó una petición de indulto al Ministerio de Justicia. Entre otras razones, su patrocinado fundamentaba que «mi familia me necesita más que nunca». Según esas alegaciones, tiene a su cargo dos hijos que viven en su casa y aún estudian, aparte de padres y suegros dependientes. La excusa no satisface al Ministerio Público.

«Tampoco cabe acoger la pretensión de que se paralice el ingreso en prisión como consecuencia de la petición de indulto que, al parecer, el condenado ha promovido», especifica la Fiscalía alavesa. «En primer lugar, porque no se puede paralizar la tramitación de la ejecutoria (aplicación del castigo), ni por la propia naturaleza de la misma ni por la duración de las penas impuestas que no entran dentro de los límites jurisprudenciales establecidos», subraya el fiscal principal del conocido como 'caso De Miguel'. «En segundo lugar, porque parte de que, en el supuesto de que se concediese el indulto solicitado, la suspensión sería automática, hipótesis carente de base legal». Estas medidas de gracia, reservadas al Gobierno central, suelen ser muy escasas.

Tras esta disposición contraria a sus intereses, De Miguel dispone de «tres días hábiles» para interponer el enésimo recurso. En esta ocasión, deslizan fuentes internas del Palacio de Justicia de Vitoria, esa última petición de aplazamiento «no tendrá efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida». Esto es, que la cuenta atrás sigue adelante.

Y ésta marca el 18 ó 19 de abril como fechas límite para que Alfredo de Miguel se presente en el centro penitenciario de Álava. En la misma situación se encuentra Aitor Tellería; el excontable del parque tecnológico de Miñano, Koldo Ochandiano, sentenciado a un global de 6 años y 9 meses; y el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, castigado con un total de 7 años y un mes.