La Fiscalía se plantea más control en las redes sociales para atajar delitos de odio

La confusión generada tras el apuñalamiento del pequeño Mateo en el polideportivo de Mocejón abrió la puerta a una sucesión de mensajes en las redes, en los que atribuían el asesinato a emigrantes. No solo eso. También ha llegado a ser amenazado un portavoz familiar que había pedido no criminalizar a nadie por su raza o religión. Al final, la Guardia Civil detuvo a un joven español de 20 años con un 70% de discapacidad intelectual. Entre los que de forma más clara relacionó falsamente lo ocurrido con la inmigración estaba el recién elegido eurodiputado Alvise Pérez. En sus canales de difusión, relacionó una mezquita cerca del campo de fútbol donde se produjo el asesinato. «Los vecinos de Mocejón: 'El pasado lunes 5 de Agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pattaya. Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años'. Medios VS Realidad», escribía.

La situación creada ha abierto una reflexión general sobre cómo frenar este tipo de mensajes. La Fiscalía ya había confirmado que abrirá una investigación para analizar su posible carácter delictivo, pero Aguilar va un paso más allá y aboga por implantar diversas reformas legales. «Con las herramientas que tenemos podemos trabajar, pero algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos», señaló en la Ser al ser preguntado por si ve oportuna una reforma del Código Penal para regular este asunto.

El precedente

Y, a su juicio, «sería una pena proporcionada y necesaria» cerrar el acceso a «aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito, en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto».

De hecho, recuerda que ya la Fiscalía de Barcelona abogó por esta medida contra un 'influencer' que grababa y difundía vídeos de personas sin hogar a los que humillaba dándoles galletas rellenas de pasta de dientes. «Y se dictó por parte del Tribunal Supremo la primera sentencia en España que contemplaba expresamente prohibir acudir al lugar del delito, no solamente el espacio físico, sino también el espacio virtual. Y ahí tenemos un precedente jurisprudencial. Ahora es importante que eso se traslade a la legislación», insiste.

Aguilar apuesta por analizar que los usuarios de redes sociales «estén debidamente identificados»: «Y que, sobre todo, cuando la requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de los mismos». «Porque yo si cojo un coche o una moto estoy plenamente identificado, quiero decir».

El Gobierno vasco, a través de Bingen Zupiria, ha recalcado que es «un tema lo suficientemente grave» como para que los diferentes partidos políticos lo aborden «con serenidad» en el Parlamento.