La Fiscalía Europea investigará la trama del 'caso Koldo' en Canarias y Baleares

Como desveló la semana pasada este periódico, la Fiscalía Europea llevaba ocho meses investigando varios contratos vinculados de una forma u otra con la trama supuestamente liderada por el exasesor de José Luis Ábalos. El proceso puesto en marcha por la oficina que tiene el Ministerio Público en Madrid arrancó a raíz «de la denuncia de un particular», tal y como confirmó el organismo comunitario a través de una comunicación oficial enviada a última hora de este lunes. El objetivo es averiguar si se había producido un fraude de las subvenciones de la UE en varias de las nueve licitaciones que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La delegación española del órgano comunitario, capitaneada por el fiscal Ignacio de Lucas, mantiene abiertas diligencias desde que en junio pasado la Fiscalía Anticorrupción aprobó un decreto para remitir toda la documentación del sumario relativa a la posible afectación de partidas presupuestarias de la Unión Europea. Unos hechos concretos que le compete perseguir a la Fiscalía Europea como órgano encargado de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos cometidos en territorio nacional contra los intereses financieros de la UE.

En la nota oficial, el órgano de la UE señalaba que durante los últimos meses ha ido pidiendo información «adicional» a la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción y al Juzgado de Instrucción número dos, «así como a los distintos organismos encargados de la gestión de los fondos europeos».

Los contratos que estarían siendo analizados por la Fiscalía Europea serían las adjudicaciones públicas a la empresa «instrumental» del 'caso Koldo', Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. Las derivadas son diversas. En Canarias, la Fiscalía Europea escruta los cuatro contratos valorados en 12,3 millones que fueron adjudicados a Soluciones de Gestión en abril de 2020 por parte del Servicio Canario de Salud -dependiente de la Consejería de Sanidad bajo el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial- para el suministro de más de 3,5 millones de tapabocas modelos FFP2 y KN95. En esta partida de 12,3 millones, cerca de 450.000 euros se destinaron al pago del servicio de transporte, fletes aéreos y seguros.

Otro de los contratos examinados por la Fiscalía Europea es el documento que el 8 de mayo de 2020 el Servicio de Salud de Islas Baleares, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo bajo el ejecutivo de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, firmó con Soluciones de Gestión por 3,7 millones para el suministro de mascarillas FFP2.

«Obligación de denunciarlo»

La característica común de estos contratos es que se tramitaron mediante procedimiento de emergencia, negociado sin publicidad y concurriendo únicamente la empresa adjudicataria. Se trata de un procedimiento que permite una aceleración de los trámites de contratación justificado en la «extrema emergencia» del coronavirus. No obstante, está exento de algunos de los controles más rigurosos.

En su comunicación, la Fiscalía Europea defiende su competencia para investigar el caso y recuerda que «siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la UE, tanto en sus ingresos como en sus gastos», hay «obligación legal de denunciarlos»

«El desprestigio para España es irreparable. El PSOE arrastra la imagen de nuestro país por la corrupción que acecha a sus dirigentes y por la vocación de amnistiar los delitos de sus socios parlamentarios», recalcaron fuentes del PP.

Según su última memoria, la Fiscalía Europea abrió en 2022 un total de 43 investigaciones en España por diversos delitos (fraude fiscal, de subvenciones, blanqueo, corrupción o apropiación indebida) con un daño de unos 144 millones a las arcas de la UE.