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El 'caso Koldo' ha traspasado la frontera nacional. La Fiscalía Europea ha anunciado este lunes que ha iniciado una investigación relativa a los contratos suscritos por los servicios de salud de las Islas Baleares y las Canarias y el suministro de mascarillas. El ... órgano independiente de la Unión Europea (UE) es el responsable de investigar, perseguir y juzgar los delitos que afectan a los intereses financieros del bloque y, tras analizar los hechos y verificar su competencia, ha decidido iniciar una «investigación formal» por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
La Fiscalía de la UE actúa cuando hay sospechas de que se ha defraudado el presupuesto comunitario. En cada caso el organismo estudia minuciosamente si los hechos denunciados son de su competencia y si la información presentada es suficiente para justificar una investigación. En este caso, la Fiscalía -con sede en Luxemburgo- ha decidido que sea la sección de Madrid, la encargada de conducir estas labores de investigación.
El caso ha llegado al organismo a través de la «denuncia de un particular», apunta el comunicado, aunque la Fiscalía también ha recibido información de la Oficina Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. La presencia de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) en la trama es fundamental para que la Fiscalía europea actúe en este caso. La Audiencia Nacional investiga un presunto delito de pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias relacionados con los contratos de material sanitario durante la pandemia del covid-19, destinados a entidades del Ministerio de Transportes, de Interior y a los servicios de Salud de las Islas Baleares y las Canarias, por valor de 52 millones de euros.
La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ya presentó la semana pasada un escrito ante la Fiscalía Europea denunciando el posible uso fraudulento de los fondos europeos en el 'caso Koldo'. Exigieron al organismo una investigación para determinar si existió un fraude y que tomara las medidas necesarias para «preservar la integridad del presupuesto de la Unión».
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