La Fiscalía de la Audiencia Nacional da luz verde a los primeros terceros grados concedidos por el PSE

El Gobierno vasco otorgó a primeros de mes el régimen de semilibertad a Harriet Iragi y Luis Mariñelarena, y esta misma semana ha hecho lo propio con Juan Manuel Inciarte y José Antonio Borde. Todos están condenados por delitos de sangre y llevan dos décadas en prisión. Borde termina de cumplir la condena en noviembre.

Se trata de las primeras decisiones en este sentido desde que el pasado mes de junio el PSE asumió la competencia de Prisiones. Tanto la AVT como Covite han expresado su malestar al considerar que los socialistas están siguiendo la misma política de «terceros grados fraudulentos» desarrollada por el PNV. Las víctimas consideran que para demostrar un arrepentimiento sincero, los etarras tendrían que romper con Sortu y colaborar con la Justicia.

Las progresiones de grado parten de un informe elaborado por las Juntas de Tratamiento de las cárceles, órganos formados por diferentes funcionarios y especialistas que valoran la actitud del interno. A la hora de analizar la evolución de los presos de ETA se tienen en cuenta las cartas en las que los internos expresan su perdón y se desmarcan del terrorismo. Las víctimas rechazan la sinceridad de esas misivas. En la mayoría de los casos –aunque no en todos–, el Gobierno asume la decisión de las Juntas de Tratamiento.

A partir de ahí todo queda en manos de la Justicia. El primer 'corte' lo hace la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y no es menor.Hasta la primavera del año pasado, aunque hubiese recurso, el preso podía continuar en régimen de semilibertad hasta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciara emitiese una resolución definitiva.Pero entonces entró en vigor una reforma legal y desde ese momento el reingreso en prisión es inmediato.

La credibilidad que la Fiscalía ha ido dando a las cartas de los etarras ha variado con el tiempo, pero en los últimos meses ha optado por avalar prácticamente todas. El Ministerio Público, en este sentido, ha recalcado que no ha recibido ningún tipo de directriz por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero se da la circunstancia de que el giro ha coincidido con la presión ejercida por el entorno de la izquierda abertzale para que la Fiscalía dejase de recurrir las decisiones del Ejecutivo vasco.

En realidad, la mayoría de las progresiones han salido adelante desde que Euskadi asumió la gestión de las cárceles en octubre de 2021. Según los datos publicados por Sare en agosto, de las más de treinta semilibertades que han dado los diferentes gobiernos vascos en estos tres años, solo tres han sido tumbadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Se da la circunstancia que SanJosé mantuvo ayer una reunión enZaballa con los directores de los tres centros penitenciarios vascos. En la cita recordó a Máximo Casado, funcionario de prisiones que trabajaba en Nanclares de Oca, y que fue asesinado por ETA con una bomba-lapa el 22 de octubre de 2000.